Eso sí, tras su primera comparecencia parlamentaria al Ministerio de Hacienda anunciaba la remisión del plan de recortes por más de 140 millones exigido para este mismo año que, insistió, no ejecutará. "Estos ajustes son imposibles, porque si no tendríamos que dejar de pagar las nóminas y le aseguro que no lo vamos a hacer. Y tampoco vamos a dejar de pagar los gastos sociales", dijo ante el pleno.

Gimeno mantuvo el mantra que viene repitiendo desde su toma de posesión: este año es "imposible" cumplir el objetivo de déficit del 0,7%, por lo que su intención es presentar en otoño al Estado un plan económico-financiero a tres años (2016-2018) que haga posible cumplir la senda de consolidación fiscal. Es decir, quiere ganar más tiempo para llegar al objetivo requerido por Bruselas de borrar el déficit de las cuentas públicas porque el año pasado se cerró con un desfase de 551 millones y la situación "no está mejor" a mediados de 2015.

En su intervención, aclaró a Ciudadanos que no se puede actuar mucho más sobre los gastos porque se ha "tocado hueso", por lo que la solución a la situación tiene que venir por la vía de los ingresos. "Es un problema de sentido común, de lógica. Es muy difícil hacer un plan de ajuste en octubre y es absurdo si termina el año en diciembre", dijo.

Gimeno volvió a incidir en que los posibles ajustes en el presupuesto se tendrán que acometer a partir de septiembre para cubrir, por ejemplo, los más de 100 millones que no se han presupuestado este año para el pago de las nóminas en los departamentos de Sanidad y Educación.

El consejero de Hacienda adelantó que hoy defenderá ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera que los planes de ajuste de las comunidades se hagan a tres años y, de nuevo, un cambio en la financiación autonómica. Como ya hizo en la reunión de hace tres semanas, reclamará una inyección de 100 millones en concepto de anticipos a cuenta de la participación de los ingresos del Estado y de la liquidación de fondos. Igualmente, exigirá al Estado un mayor esfuerzo fiscal, aunque el Estado ya rechazó todas estas peticiones a principios de mes.

La oposición no compartió los criterios del Gobierno PSOE-CHA, al que el diputado popular Antonio Suárez le acusó de actuar con "victimismo patético" y de jugar a justificar la subida de impuestos que quiere hacer "a toda costa" y a hacer un frente común con otras comunidades para hacer oposición y tratar de "rentabilizar las elecciones generales". Además, negó que el PP haya dejado un agujero de 600 millones como asegura el titular de Hacienda.

La parlamentaria del PAR Elena Allué reclamó a la DGA que cumpla la legalidad vigente para que Aragón siga teniendo "credibilidad" para generar empleo y riqueza. En este sentido, señaló que sería "absurdo" que todo el esfuerzo de las familias no sirviera ahora para nada.

La portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, respaldó la reclamación de financiación adicional por parte de la DGA, pero le recriminó que vaya a aumentar impuestos en contra del compromiso electoral del PSOEen vez de recortar gasto estructural.

Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Echenique, garantizó el apoyo a la reclamación de que Aragón disponga de mayor margen para impulsar políticas sociales que con urgencia necesitan miles de familias y la "maltrecha" economía de la comunidad.

Los portavoces del PSOE y CHA, Javier Sada y Gregorio Briz, apoyaron al Ejecutivo autonómico, mientras la diputada de IU, Patricia Luquin, le preguntó a Gimeno si disponía de un "plan B" por si no le aprobaban su propuesta y si estaba dispuesto a "desobedecer" a Madrid.