A punto de cumplirse 17 años desde que estallara el caso del chiringuito financiero zaragozano Investahorro, que se llevó por delante alrededor de 20 millones de euros de unos 600 clientes, comienza la fase de ejecución de la sentencia. El auto dictado el pasado lunes por la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional incluye el ingreso en prisión "en diez días" –desde que se le notifique– del que fuera administrador único de la sociedad zaragozana,José María Navarro. Este fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por un delito masa de estafa, delito societario, otro continuado de apropiación indebida agravada, un delito de falsedad en documento público y mercantil. Se ejecuta así la sentencia dictada en 2013 en la que se le condenaba también a indemnizar a los afectados con casi 20 millones de euros. En ella aparece su mujer, María Pilar Bernard, con una condena de un año y medio de cárcel como autora de un delito continuado de apropiación indebida. Debe responder directa y solidariamente con su marido con hasta 1,19 millones de euros.

El inicio de la ejecución, que podría prolongarse un año, da a los afectados una esperanza de recuperar el dinero que perdieron al confiar en esta sociedad de inversión. Aunque Navarro y su mujer se declaren insolventes, se reconoce la responsabilidad subsidiaria de las tres agencias de valores que trabajaban con Investahorro, explica Alberto Verón, abogado de la Asociación de afectados por la crisis de Investahorro, que agrupa a casi la mitad de ex clientes. ABA, MG y Banco Espirito Santo deberán responder con las cuantías fijadas por el juez. Ahora se empieza a "aglutinar" el dinero. "Ya hay avales que garantizan el pago de cantidades y bienes embargados como inmuebles", explica.

Verón reconoció que por la avanzada edad de Navarro no se espera que cumpla toda la condena. "Debería haber ingresado al inicio del procedimiento", lamenta.

El caso ha pasado por todo tipo de vicisitudes desde que la Comisión Nacional del Mercado Valores (CNMV) abriera un expediente sancionador a Investahorro y a su administrador único el 30 de julio de 1998. Incluso se llegó a anular la sentencia de 2010. El Tribunal Supremo obligó a repetir el juicio oral y reprobó la actuación de la magistrada del caso. Las agencias de valores recurrieron ante el Tribunal Supremo, sin éxito, para evitar su responsabilidad.

Transcurridas casi dos décadas, pese a la sentencia favorable a los afectados "da sensación de que no se ha hecho justicia", dice Verón. Algunos de los ex clientes, muchos de ellos jubilados, han fallecido en estos años.