El Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA están a la espera de ver cómo evoluciona la investigación judicial por el incendio de la residencia de Santa Fe. Hasta que no se conozca el resultado no adoptarán ninguna decisión. La denuncia planteada por siete familias de ancianos heridos en el incendio de este centro de la tercera edad fue presentada en la noche de ayer en la Guardia Civil. El escrito fue presentado contra la propietaria del centro de mayores, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, estos últimos como responsables civiles subsidiarios del suceso.

El abogado que defiende los intereses de estas siete familias, Ricardo Agoiz, reiteró ayer que las administraciones no cumplieron con su obligación de revisar la residencia para garantizar que en las instalaciones hubiera un plan de incendios y evacuación. Hay que recordar que en el siniestro (que está siendo investigado, aunque todo apunta a que fue provocado por una de las internas de la residencia, que quemó intencionadamente un colchón) murieron ocho ancianos y hubo doce heridos (uno de ellos, la propia cuidadora de la residencia).

Ninguno de los tres denunciados (empresa, DGA y Ayuntamiento de Zaragoza) quisieron avanzar sus posturas hasta que no finalice la investigación que se está llevando a cabo. El letrado de la propietaria del centro dijo que hasta que el asunto no esté "judicializado" ni sabrán nada, ni dirán nada. Desde la DGA tampoco se quiso valorar la decisión de estas siete familias. Fuentes del Ejecutivo recordaron que el siniestro estaba siendo investigado y manifestaron el máximo respeto por la labor que se está realizando para esclarecer los hechos. Por último, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, el alcalde, Pedro Santisteve, dijo que los familiares están en su derecho de emprender las acciones que crean oportunas, aunque el Consistorio esperará a que la investigación judicial esté hecha para tomar las medidas oportunas. "Nosotros –dijo– cuando un asunto está sub judice no nos pronunciamos. En función del resultado de esa investigación adoptaremos las medidas pertinentes".

La denuncia se basa en el incumplimiento, según estimación de las familias denunciantes, del decreto de 26 de mayo de 1992 del Gobierno de Aragón, ya que el número de trabajadores por residente no se cumplía en esta residencia, especialmente en el momento del incendio. El letrado explicó que en este establecimiento debía haber un cuidador por cada 4 residentes, cuando en realidad había una cuidadora para 19.