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ZEC se compromete a acabar en seis meses con las tradicionales facturas sin contrato en vigor

Fernando Rivarés afirma que exigirá "responsabilidades políticas y personales" a quien no cumpla. Dice que mantendrá la presión fiscal, pero revisará el callejero para el IAE.

En el centro, el concejal de Hacienda, Fernando Rivarés, junto a los ediles del PP Jorge Azcón y María Navarro.
En el centro, el concejal de Hacienda, Fernando Rivarés, junto a los ediles del PP Jorge Azcón y María Navarro.
Maite Santonja

El gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZEC) se comprometió ayer a poner freno al gasto indisciplinado y, en concreto, a uno de los problemas endémicos del Ayuntamiento de la capital: los denominados reconocimientos de obligación, es decir, aquellas facturas que no tienen el soporte de un contrato o convenio en vigor o de una partida que los sustente. Es más, el concejal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, anunció que a partir del 1 de enero de 2016 no se admitirán este tipo de gastos, salvo alguna excepción justificada, y que incluso exigirá "responsabilidades políticas y personales" a quien no cumpla.

Fue uno de los asuntos destacados que se abordó ayer en la primera comisión de Economía y Cultura de la presente corporación, en la que Rivarés adelantó alguna de las medidas que en materia económica quiere empezar a aplicar. Los reconocimientos de obligación son, por ejemplo, los vinculados a facturas de contratas que han superado el periodo de adjudicación, entre otras causas de gasto indisciplinado.

Solo en 2014, se pagaron 28 millones de euros sin soporte contractual a un total de 71 empresas, según datos del Observatorio de la Contratación. En este ejercicio, según explicó Rivarés, ya se acumulan 270 expedientes de reconocimientos de obligación. El interventor ha repetido en sus informes en la necesidad de resolver este problema.

El PP aplaudió la iniciativa de Rivarés, dado que durante la pasada corporación insistió mucho en este asunto, aunque dudó de que este objetivo sea alcanzable, entre otros motivos porque no hay plazo para resolver los concursos de contratos que no están en vigor. "No lo van a poder cumplir", señaló el edil popular Jorge Azcón.

Rivarés destacó que el Ayuntamiento está en una situación económica "delicadísima" y se comprometió a tener listo tanto la auditoría financiera como el borrador de ordenanzas fiscales a principios de septiembre. Anunció que reducirá las denominadas facturas en los cajones. En concreto subrayó que es necesario acelerar el reconocimiento de gastos que no sean exigibles (por estar en litigio), para evitar el pago futuro de intereses. En este sentido citó los 48 millones de euros que reclama Tuzsa. Apostó por implantar la contabilidad análitica, para conocer la eficiencia de los servicios, mejorar la transparencia, evitar la infradotación de partidas, reclamar la deuda a la DGA, que cifró en 50 millones, y la ley de capitalidad.

En materia de tributos, se comprometió a mantener la presión fiscal, aunque anunció una rebaja de la plusvalía para los casos de herencias en vivienda habitual que no concretó. Defendió una revisión del callejero fiscal, lo que supondría rebajas o subidas del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en función de los cambios que se produzcan. Subrayó las "terribles condiciones" de los créditos de la sociedad Zaragoza Alta Velocidad (ZAV), que quiere renegociar y anunció que la Oficina de Control Financiero empezará a trabajar en septiembre.

Los anuncios de Rivarés fueron recibidos con escepticismo por la oposición. El PP lamentó "la falta de concreción" del concejal de Hacienda, mientras que el PSOE echó "en falta una visión más ambiciosa". Ciudadanos expresó sus "dudas" en materia fiscal o de deuda, mientras que CHA subrayó las dificultades económicas del Ayuntamiento.

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