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El decano de los ingenieros denuncia la confusión que crea la normativa de residencias

Los ayuntamientos otorgan la licencia de apertura y la DGA la autorización de funcionamiento.

La mujer acusada de provocar el incendio de la residencia de Santa Fe está en prisión
Residencia de ancianos Santa Fe

El decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, Luis Soriano, ha llamado este jueves la atención sobre "la confusión y las contradicciones existentes en la normativa sobre residencias de ancianos".

A su juicio, "hay una gran cantidad de normativa, dispersa, competencia de administraciones distintas y con criterios de aplicación dispares, lo que deja en una gran inseguridad a los promotores de las residencias".

El representante de los ingenieros industriales ha hecho estas consideraciones con motivo del incendio de una residencia de Zaragoza en la que murieron ocho ancianos y en la que se han advertido distintas irregularidades administrativas.

El decano ha precisado que la confusión obedece a que la licencia de apertura la otorga el Ayuntamiento mientras la autorización de funcionamiento la concede el Gobierno aragonés y a que se pueda estar funcionando un año después de una autorización provisional.

La tragedia de esta residencia ha revelado, en su opinión, que la descoordinación se da incluso dentro de una misma administración, ya que "se da la paradoja de que no poseía autorización de funcionamiento pero, al parecer, tenía suscrito un convenio con Sanidad para recibir residentes".

Para el decano, los requisitos exigidos a las residencias no están bien fijados, ya que "no es lógico que, por ejemplo, se pueda denegar una licencia porque el edificio no tenga vías de evacuación o porque un microondas esté sucio".

Según Soriano, esto sirve para que las administraciones "puedan escudarse en que el edificio no tenía licencia en el caso de que se produzca algún problema", a la vez que señala que en muchos casos la falta de ella "no es problema de un promotor malintencionado, sino de defectos mínimos en una tramitación".

El decano encuentra también "ilógicos" algunos requisitos como los fijados en el Plan de Ordenación Urbana de Zaragoza, "que prohibe la residencias en determinadas zonas del casco urbano de más de 200 metros cuadrados", es decir, no más de siete habitaciones por residencia, lo que impide que puedan ser rentables.

En su opinión, los requisitos para las residencias de personas válidas "no deberían ser superiores a las que se exige para una fonda o un hostal", a la vez que considera "muy estrictas" las normativas con la seguridad y la ratio trabajadores/usuarios.

Al respecto, ha advertido de que en caso de incendio, como el citado, "no es posible que una sola persona (ni entre 10), pueda evacuar a otras 20 que no pueden moverse", una muestra más de "las leyes actuales ofrecen criterios contradictorios", según Soriano.

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