La viuda de Cela no quiso hacer declaraciones a su salida del juzgado, ni tampoco su abogado. Sí lo hizo el letrado Xosé María Rodríguez, que representa a Lola Ramos, la vecina de Padrón que advirtió de la existencia de presuntas irregularidades en la gestión económica de la Fundación Cela. Rodríguez apuntó que Castaño trató de "justificar sus actuaciones" en la Fundación, así como las "diferentes cuestiones por las que está siendo juzgada", como la compensación económica por el despido del gerente. No obstante, rehusó explicar los "argumentos" empleados por Marina Castaño en su defensa. "Se trata de cuestiones privadas de la causa", expuso.

Marina Castaño no fue la única que no contestó a las preguntas de la acusación particular, ya que tampoco lo hizo el exgerente de la Fundación Cela, Tomás Cavanna, quien fue citado a declarar porque, presuntamente, su despido de la Fundación Cela fue simulado y pagado con fondos públicos sin consentimiento de las administraciones que financiaban a la institución.

Según el abogado de la acusación particular, "uno de los problemas" que está teniendo la causa es que muchos de los supuestos delitos "han prescrito", sobre todo los de tipo tributario, así que "no hubo investigación al respecto y ya no se permitió preguntar por considerar que están prescritos", explicó.

También dijo que previsiblemente tendrán que prestar declaración en "calidad de testigo" los miembros que aprobaron en 2010 y por unanimidad el despido de Tomás Cavanna.

Hoy está llamado a declarar en el mismo juzgado Dositeo Rodríguez, miembro del Consejo de Cuentas y exconsejero del gobierno de Manuel Fraga.