El giro dado por el Gobierno PSOE-CHA ha sido sustancial. Si la semana pasada el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, manifestó que habría que priorizar una obra sobre la otra dada la situación económica, su compañero de Presidencia insistió en que no habrá que hacerlo porque se acometerá su construcción al mismo tiempo. "La extrema dificultad presupuestaria no va a ser un obstáculo", recalcó.

Lo que no podrá hacerse realidad es el compromiso adquirido por el ya presidente, Javier Lambán, durante la campaña electoral, cuando a las puertas del hospital de Alcañiz prometió que si gobernaba estarían "en funcionamiento" los dos hospitales en 2019. De hecho, Vicente Guillén incidió en que harán todo lo posible, aunque no pudo garantizar su puesta en servicio en esta misma legislatura.

Con los plazos de ejecución vigentes y las nuevas demoras al tener que rehacer los pliegos de condiciones, será imposible en el caso del hospital de Teruel. Su ejecución se fijó en 46 meses en el segundo concurso de obras convocado por el PP-PAR, que recortó el plazo tras la primera adjudicación fallida. Es decir, hasta 2020 no se podrá hacer el traslado al Planizar por mucho que el movimiento de tierras se desgajara del proyecto y la adjudicataria, Tragsa, iniciara los trabajos el pasado mes de marzo y prevea concluirlos a finales de septiembre si no hay contratiempos.

El problema es que la tramitación comenzará de cero tras haberse anulado el segundo concurso de obras convocado por el Ejecutivo PP-PAR, decidido por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón por ser "manifiestamente ilegal". La resolución, que no será ahora recurrida, indica que el pliego de condiciones contenía "vicios de nulidad" por incluir una cláusula que obligaba a los licitadores a asumir el hipotético coste de un modificado que supusiera hasta un 10% del presupuesto de ejecución material de la obra.

El consejero de Presidencia señaló que este varapalo judicial al anterior Gobierno es "la culminación de un despropósito", en alusión a los continuos retrasos y vicisitudes que ha sufrido la que debía ser la mayor inversión de la pasada legislatura. La anulación del concurso implicará, a su juicio, que se demore el proceso de licitación entre cuatro y seis meses.

La tramitación del hospital de Alcañiz también se deberá rehacer, ya que el nuevo Ejecutivo, que será "exclusivamente público", y por tanto habrá que preparar nuevos pliegos y hacer otra convocatoria. Con antelación, el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, se reunirá con la UTE a la que se adjudicó inicialmente la construcción y gestión del complejo para transmitirle que ese procedimiento se va a "volver atrás". En este segundo caso, la construcción solo se iba a alargar 36 meses, por lo que sí se estará en condiciones de inaugurarlo en el tramo final de la legislatura, a principios de 2019.