Todas las familias aragonesas que atraviesan graves dificultades económicas dispondrán a partir del próximo año de una renta social básica para vivir "con un mínimo de dignidad". Así lo anunció ayer la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, la socialista María Victoria Broto, quien se comprometió a incluir una partida de entre 80 y 90 millones de euros en los presupuestos de 2016 para asegurar su financiación. Con el objetivo de hacer realidad este derecho social, el Gobierno PSOE-CHA pretende presentar a las Cortes antes de finalizar este ejercicio el proyecto de ley que garantizará su puesta en marcha.

María Victoria Broto explicó ayer tras la reunión del Consejo de Gobierno que el primer paso se dará la próxima semana cuando comience el proceso de participación de la futura Ley de Renta Básica, para lo que se pretende contar con los colectivos sociales que conocen de primera mano el problema social que viven miles de familias que atraviesan "dificultades por la crisis y el paro o por tener un empleo precario". Yañadió: "Sería una irresponsabilidad plantear esta participación si no quisiéramos llegar a una ley", dijo antes de aclarar que irá acompañada de una memoria presupuestaria que la haga viable.

La consejera no concretó el periodo de tiempo en el que las entidades y los ciudadanos podrán hacer sus aportaciones, pero en todo caso deberá concluir en otoño si se pretende cumplir el objetivo de presentar un proyecto de ley antes de finalizar el año. Eso sí, recordó que ya existe una base sobre la que trabajar, la proposición de ley de renta social básica que presentó el grupo parlamentario socialista en 2012. Este texto no se llegó a tomar en consideración en las Cortes.

Entonces, el líder socialista, Javier Lambán, explicó que la prestación, de entre 450 y 600 euros, iba destinada a garantizar unos ingresos mínimos a quienes carecieran de recursos para cubrir sus necesidades. Advirtió de que en Aragón había unas 10.000 familias sin ingresos e hizo hincapié en que darles una solución urgente debe ser "la prioridad máxima" de los poderes públicos, pero no a través del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), pensado para personas excluidas.

El mismo argumento fue repetido ayer por la consejera de Derechos Sociales, pero no concretó ni una horquilla del importe de la futura prestación ni el número de potenciales beneficiarios pese a haber anunciado que dispondrá de una partida de entre 80 y 90 millones para el próximo año. Lo único que aclaró es que los importes no serán iguales para todos y que se fijarán en función de las necesidades que tengan. Además, aclaró que la percepción de la renta social básica será complementaria con otros recursos. "Todos los que cumplan los requisitos tendrán derecho a cobrarlo", aclaró.

Broto insistió en que esta ley es "prioritaria" para el nuevo Gobierno y que su propósito es solucionar los problemas de las familias de forma "inminente". La consejera manifestó que con la futura ley se plantea la integración en el catálogo de servicios de una renta básica para los que "no tienen lo mínimo".