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El Gobierno de Aragón prevé destinar 90 millones de euros a la Ley de Renta Básica

La consejera de Derechos Sociales, María Victoria Broto, asegura que desean impulsar el proyecto con la "máxima urgencia".

El Gobierno de Aragón ha aprobado iniciar un proceso de participación ciudadana previo a la elaboración de una ley de renta básica social, que requerirá una dotación económica entre 80 y 90 millones de euros y que una vez remitida al parlamento se pretende tramitar con la máxima urgencia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha explicado que el objetivo de esta renta es que las familias que atraviesan dificultades por la crisis y el paro o el empleo precario puedan vivir con un mínimo de dignidad.

Broto ha indicado que el proceso de participación con colectivos y entidades comenzará la semana que viene y que esperan que haya un acuerdo rápido respecto al concepto de renta básica social, que no será algo "graciable", sino un derecho subjetivo para todos aquellos que cumplan los requisitos, que se tendrán que concretar.

Aunque aún no se ha hablado de la cuantía mínima o máxima de esta renta, Broto ha apuntado que variará en función de la situación familiar o personal y del número de miembros, que podrá complementar los recursos con los que cuenten las familias y que no tiene que ver con procesos de inserción a diferencia del Ingreso Aragonés de Inserción, cuya percepción se pretende agilizar.

Broto ha destacado que aún no se conoce el número de familias que podrían percibir esta renta y que se calcula que podría requerir una dotación económica entre 80 y 90 millones de euros, que tendrán su reflejo en los presupuestos de 2016.

"Sería una irresponsabilidad plantear esta participación si no quisiéramos llegar a una ley", ha remarcado Broto, quien ha insistido en que el propósito es solucionar los problemas de las familias de forma "inminente", con lo que la ley irá acompañada de una memoria presupuestaria.

El compromiso del Gobierno, ha dicho Broto, es anteponer a las personas sobre cualquier otro tema, y en primer lugar a las que tienen dificultades, por lo que si es posible alcanzar un acuerdo para presentar la ley en el parlamento antes de final de año se debatirá con la máxima urgencia y de aprobarse, se harían las modificaciones presupuestarias para aplicarla y en todo caso contará con la partida correspondiente en los presupuestos de 2016.

Ha recordado que el Gobierno no parte de cero en la elaboración de esta ley, dado que el PSOE presentó una proposición de ley de renta básica en la Cortes en 2012, que finalmente no se tomó en consideración.

Con la puesta en marcha de esta ley, ha apuntado la consejera, el Gobierno cumple con el Estatuto de Autonomía, que establece que se debe garantizar una renta básica y eliminar las causas y efectos de marginación social, y con la ley de Servicios Sociales de Aragón, que plantea la integración en el catálogo de servicios de una renta básica.

Broto ha indicado que no se ha fijado un plazo concreto para culminar el proceso de participación ciudadana pero espera que el acuerdo sea "rápido" para que en pocos meses la ley se pueda remitir al parlamento y se tramite "con la máxima urgencia", ya que es una "prioridad" para el Gobierno.

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