Una meta que también pretende alcanzar la nueva consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, que aseguró el día en el que tomó posesión de su cargo que las familias y las personas que tienen grandes dificultades son la "prioridad de este Gobierno". Entre otras medidas, anunció que pretende llevar a cabo la promulgación de una ley de renta básica y otras actuaciones para que los colectivos afectados por la crisis "tengan lo mínimo para vivir con dignidad".

Las políticas sociales son uno de los principales ejes del nuevo ejecutivo aragonés, que pretende acabar con la pobreza y las desigualdades y recuperar los servicios sociales. Y los agentes sociales tienen clara su opinión al respecto.

Carlos Sauras, presidente de Cáritas de Aragón y La Rioja, ve con buenos ojos las intenciones del nuevo Gobierno: "Sus propósitos los recibimos con esperanza. Las políticas sociales no solo son cuestión de dotación presupuestaria, pasan también por el compromiso de los políticos y de las administraciones públicas que tienen que ser efectivas y tener agilidad administrativa". Para Sauras las políticas sociales sobre pobreza e inclusión tendrían que estar asumidas por las políticas estatales y autonómicas en el "mismo nivel que la educación, la sanidad o las pensiones".

Daniel Gimeno, presidente de la Red Aragonesa de Entidades por la Inclusión social, explicó que apoyan el objetivo del nuevo Gobierno, y esperan que se cuente para cumplirlo con las "entidades sociales que han apuntalado la atención a los más necesitados durante años".

Jaime Sanau, director de Cáritas de la diócesis de Zaragoza, señaló: "La sensibilidad del presidente Lambán respecto a la pobreza es la misma que tiene el papa Francisco, la lucha contra la pobreza y sus causas". Y precisó, no obstante, que sigue habiendo pobreza, y que muchas veces "fallan las administraciones" que tardan varios meses en hacer efectivas sus ayudas que llevan los calificativos de "urgentes y de necesidad".

Raquel de la Riva, portavoz del colectivo Stop Desahucios, valoró positivamente las intenciones del nuevo Gobierno, pero pidió que se empiece a actuar ya. "Es necesario. Tienen muy buenas intenciones, esperemos que se hagan realidad y de forma efectiva". "Los desahucios no se han parado –recordó De la Riva–. Hay que tomar medidas urgentes para detenerlos y dotar a la administración de personal. En el IASS y en la DGA tan solo cuentan con una funcionaria para estos temas".