Las depuradoras del Matarraña reavivan las críticas al Plan de Saneamiento y Depuración
Se precipitan las licitaciones y expropiaciones para concluir las 171 depuradoras del Plan Especial.
Este lunes se hace oficial la expropiación de los terrenos donde se construirá la depuradora de aguas residuales de Cretas. Europa quiere conseguir que todos los núcleos de población de la Unión depuren sus aguas residuales y la actuación en Cretas se enmarca en un mastodóntico plan aragonés que persigue avanzar hacia ese objetivo.
La expropiación en Cretas supone un paso más en un largo proceso que ha dividido a los vecinos de este pueblo turolense de 600 habitantes. La Asociación de Vecinos y Vecinas de Cretas se constituyó justo cuando se hicieron públicas las intenciones de su Ayuntamiento y del Instituto Aragonés del Agua de instalar la depuradora de aguas residuales a apenas 200 metros del pueblo, ubicación que contradice las recomendaciones recogidas por el propio Instituto en el borrador del Plan de Saneamiento y Depuración. Plan que especifica que se priorizará la construcción de las depuradoras a un mínimo de 2.000 metros de distancia de los núcleos urbanos.
Las discrepancias sobre la ubicación supusieron el inicio de una batalla en la que la Asociación de Vecinos ha llegado a recurrir a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Provincial de Teruel para denunciar la supuesta nulidad de todo el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, del Plan Especial de Depuración de Aguas Residuales de Aragón e incluso de los convenios para la cesión de competencias municipales al Gobierno de Aragón en materia de gestión de aguas residuales. De momento la depuradora sigue adelante.
Los vecinos denunciantes han estudiado con lupa cada documento relacionado con el Plan Especial de Depuración y denuncian, convencidos, serias irregularidades económicas y jurídicas. Este plan (en adelante PESD) contempla la construcción de 131 depuradoras de aguas residuales y 40 colectores. El coste del PESD, sumando la construcción y la explotación de todas las obras durante un periodo de 20 años, se eleva a más de 1.016 millones de euros y el Ejecutivo autonómico lo ha calificado como "la mayor inversión jamás realizada en Aragón y uno de los planes ambientales más ambiciosos de toda Europa".
Precipitación de los acontecimientos
En estos once años han sido construidas 134 de esas infraestructuras mediante contratos de concesión de obra pública y en este momento se están llevando a cabo 22 actuaciones más. Además, el anterior Ejecutivo adjudicó en marzo a una empresa la construcción y explotación de las depuradoras de la Zona de Utebo, contrato que se prevé que suponga a la Administración un gasto de unos 130 millones de euros más. Ese mismo mes salieron a concurso los contratos para la construcción de las depuradoras en las dos zonas restantes del plan por un presupuesto base de licitación de en torno a los 50 millones de euros cada uno. El plazo de presentación de propuestas se cerró a diez días de las elecciones autonómicas y hoy continúa en marcha el proceso de adjudicación.
La repentina precipitación de estos acontecimientos, unida a la reciente declaración de urgencia de los procedimientos de expropiación forzosa para la ejecución de las depuradoras en cinco núcleos del Matarraña (entre ellos Cretas) han provocado un aluvión de críticas que se suman a las de los indignados vecinos de Cretas.
En La Fresneda, todos los grupos políticos con representación en la alcaldía muestran su malestar por la escasa información proporcionada por el Instituto Aragonés del Agua sobre el tema de la depuradora. Denuncian, además, que la empresa concesionaria ha incumplido las recomendaciones medioambientales del INAGA al iniciar las obras en un periodo inadecuado en materia de protección de las especies piscícolas.
Criticas al Plan de saneamiento
Alcaldes y representantes de pequeños municipios de otras zonas de Aragón tildan las infraestructuras diseñadas o construidas por todo el territorio de 'sobredimensionadas', critican que no se les haya permitido elegir el sistema de depuración (existen modelos ecológicos) y denuncian la "falta de transparencia" por parte del Instituto Aragonés del Agua.
Días antes de la investidura de Javier Lambán como nuevo presidente del Gobierno de Aragón, se reunieron en el Ayuntamiento de Zaragoza alcaldes y vecinos de una veintena de municipios de toda la comunidad y representantes de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA). Todos los presentes coincidieron en la necesidad de paralizar la construcción de las depuradoras que aún no han sido terminadas y de promover la recuperación de las competencias en esta materia por parte de los Ayuntamientos. "Debe ser antes de que se hagan las depuradoras porque después será mucho más difícil por la indemnización que habrá que pagar a la empresa".
Varios grupos políticos (entre ellos PSOE, CHA y Podemos) se comprometieron entonces a la firma de un 'compromiso por la gestión pública del agua en Aragón' que incluye una paralización inmediata de las acciones enmarcadas en el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración y una auditoría pública del Instituto Aragonés del Agua. Un compromiso electoral al que apelan ahora los vecinos de Cretas para pedir la paralización de los procesos de expropiación y más transparencia antes de que se pongan en marcha más depuradoras de aguas residuales.
También se aferran a este compromiso alcaldes y vecinos de varios municipios del Pirineo, donde el Instituto Aragonés del Agua espera que se reanuden los trabajos de construcción de las 200 depuradoras previstas para esta zona, algunas incluso en poblaciones deshabitadas.
