-Ha sido un comienzo muy duro. Cuando hay muertos, no hay nada más importante.

-¿Por qué seguía funcionando una residencia que no había pasado no una, sino varias inspecciones?

-Esa es nuestra preocupación, que debería haberse iniciado un expediente de cierre. Hay dos informes de 2006, de abril y de noviembre, en los que se decide informar favorablemente la autorización provisional, aunque advirtiéndoles de que había deficiencias leves que subsanar. En diciembre del 2011, se decide que se procederá a retirar el informe favorable y a proponer la incoación del expediente sancionador, porque las deficiencias no se habían solucionado. El 21 de septiembre del 2012 se constata que se procedió a retirar el informe favorable de apertura y se inicia un expediente sancionador que tiene su efecto el 19 de mayo de 2014. Hay un proceso administrativo que no se lleva a cabo y, por tanto, una dejación de responsabilidades.

-El PP dice que, hace cuatro años, se encontraron 25 expedientes de cierre bloqueados. ¿No hubo entonces también dejación de funciones?

-Hay que asumir la realidad, y yo lo haré cuando termine mi mandato. El Gobierno anterior tuvo cuatro años para hacer las cosas. Yo hablo de dejación de funciones en este caso, en este expediente. En 2012 y en mayo de 2014 lo que había que haber hecho era un inicio de expediente de cierre. Y no quiero hablar más.

-¿Sabe por qué no se inició? ¿Hay algo más en el expediente que no nos hayan contado?

-No. En el expediente no hay nada más.

-¿Le ha preguntado las razones al consejero Ricardo Oliván?

-No. No he venido aquí a juzgar a nadie, ni a poner en cuestión al Gobierno anterior. Tengo mucho trabajo y no voy a dedicar ni un minuto más a buscar cuentas. Estoy convencida de que lo habrán intentado hacer bien. Sí que he hablado con los funcionarios y, aunque no tiene responsabilidad directa en este momento, con la gerente del IASS.

-¿Por qué no la ha cesado todavía? Necesitará gente de confianza para gestionar esta crisis.

-Yo creo que hay que hacer las cosas con tranquilidad. Le doy mucha importancia al equipo de trabajo y quiero el mejor, y por eso hay que tomar decisiones reflexionando. A pesar de las dificultades, creo que lo hemos gestionado de la mejor forma posible.

-Ha anunciado una inspección exhaustiva de centros. ¿Por cuáles van a empezar?

-Ya teníamos previsto inspeccionar las residencias. Comenzaremos por las privadas, y en paralelo irán todas las demás.

-¿Tiene suficientes inspectores?

-El servicio de Planificación y Ordenación de Servicios Sociales depende en este momento de la consejería de Sanidad, pero lógicamente acogeremos a la parte de Ordenación que tiene que ver con los Servicios Sociales.

-¿Cuántos expedientes hay abiertos a residencias en Aragón?

-He dado orden de que lo miren.

-Es un secreto a voces que hay residencias que funcionan sin cumplir con todos los requisitos, y que sobreviven al amparo de los elevados precios de otras. Sería inconcebible que esto pasara en un jardín de infancia, pero pasa con los mayores.

-Yo en eso discrepo. La ley es rápida, y es garantista, porque debe serlo, pero normalmente se aplica. Vamos a velar por el cumplimiento de la legislación, y también quiero tranquilizar a las familias: la inmensa mayoría de los centros cumplen. Esto ha sido un desgraciado incidente y no voy a acusar a nadie de esto, le podría haber pasado a cualquiera.

-La presunta autora del incendio tiene un historial de trastorno psiquiátrico. ¿Es adecuado que estos pacientes estén en residencias de este tipo? ¿Tiene esto algo que ver con la falta de recursos psiquiátricos en Aragón?

-Sí. Es un tema que hemos hablado ya cuando hemos estado trabajando en las sectoriales de Sanidad y Servicios Sociales. Tenemos que dar soluciones junto al consejero de Sanidad. Es muy importante, aunque no es fácil.

-Las familias buscan alternativas porque no pueden pagar entre 1.500 euros y 2.000 euros mensuales. Hay concertaciones de plazas en el papel que no se aplican. ¿Piensa agilizar este tema?

-El Gobierno de España no ha cumplido con el compromiso de financiación de la Ley de la Dependencia, que debe ser al 50% entre el Estado y las autonomías. En los últimos cuatro años se han perdido 60 millones de euros y miles de prestaciones en el entorno familiar. Esas personas ni han tenido la prestación ni plaza en residencias, y es un tema que hay que abordar. Puede ser, no lo doy por supuesto, que al carecer de ayudas en el entorno familiar, haya ingresos en unas residencias que no son las ideales.

-¿Es partidaria de volver a primar los cuidados en casa?

-Somos partidarios de que se incremente la financiación de la Dependencia. Recibimos un proyecto con 7.000 personas no atendidas, a pesar de tener el derecho reconocido y, además, el 1 de julio han entrado las de grado leve, que son 8.000.

-Es difícil que el Ministerio le dé más dinero. ¿Cuál es su plan B?

-Tendremos que plantearnos con los fondos disponibles y la voluntad política que tenemos cómo podemos ir afrontando poco a poco la respuesta.

-También va a necesitar mucho dinero para que todos los que tienen derecho al Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) lo cobren. Ha llegado a haber 3.600 solicitudes pendientes y diez meses de espera.

-Una de mis prioridades es que las personas que tienen derecho lo reciban. Y para eso, hay que agilizar los trámites y tener recursos. Apostar desde el punto de vista presupuestario, lograr que la renovación sea casi inmediata y contar con suficientes profesionales.

-Ya se destinan 30 millones de euros al IAI. ¿Cuántos más va a poder aportar el sistema?

-No lo sé, los que hagan falta para que el IAI se cobre cuando es necesario.

-¿Plantean un salario social?

-Nosotros queremos presentar en el futuro una ley de renta básica para las familias que tengan dificultades. Queremos que ese proyecto llegue y, mientras, agilizar el IAI, que está más enfocado a colectivos en exclusión. La gente no quiere cobrar el IAI, quiere trabajar y vivir con dignidad.