El PP dice que "no podía" clausurar el centro porque solo había "deficiencias menores"

El Gobierno de Aragón no llegó a iniciar un expediente de cierre de la residencia de Santa Fe, donde ocho ancianos murieron el sábado por un incendio, porque las sucesivas inspecciones no detectaron deficiencias graves que comprometieran la atención y la seguridad de los usuarios. Y ello pese a que en 2012 se le retiró la autorización provisional condicionada de apertura con la que funcionaba desde 1997, y nunca llegó a obtener las preceptivas licencias municipales. Solo se impuso una sanción de 1.500 euros por tres infracciones leves (500 cada una) en 2014 "por reiteración de incumplimientos menores", justifica el PP, que rechaza las acusaciones de "dejación" lanzadas por la consejera de Derechos Sociales, Mª Victoria Broto.

En concreto, según el acta al que ha tenido acceso este periódico, se detectó una "deficiente limpieza, mantenimiento y orden", "personas dependientes que se ubican en las plantas superiores", "mal olor en algunas zonas del centro" y una salida de evacuación de una habitación "obstaculizada por mobiliario". La situación del centro siniestrado contrasta con la de otros, como el Turia de Teruel, que sí se clausuraron en la pasada legislatura. Cabe recordar que pocos meses después de que Luisa Fernanda Rudi llegara a la DGA, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales activó un plan de inspección de todas las instalaciones públicas y privadas de mayores y se revisaron los 25 expedientes de cierre por deficiencias graves que estaban pendientes de tramitar, algunos desde hacía años. En total cesaron su actividad once residencias, tres de ellas públicas.

La de Santa Fe no estaba en ese listado, y tampoco se llegó a abrir un expediente de cierre posteriormente porque, según los anteriores gestores, en las actas de inspección de 2006, 2011 y 2014 no se recogieron "causas graves" que motivaran la clausura del centro. No obstante, desde la primera visita en 2006 sí se reflejaron carencias en materia de higiene y de mantenimiento que debían corregirse en un mes. En la siguiente revisión, cinco años después, se constató que persistían algunos de esos problemas –"que condicionaban el informe favorable" con el que funcionaba, según los inspectores– y además habían surgido otros. Por todo ello, se dio a la dirección de la residencia un año para adecuarse a la normativa.

Pero no lo hizo y la DGA le retiró en septiembre de 2012 la autorización provisional concedida en 1997 aun sin disponer de las licencias municipales, denegadas en 1998. Los actuales responsables del Gobierno autonómico consideran que "lo lógico" es que en el momento de la retirada de dicha autorización se hubiera iniciado un expediente de cierre, si bien admiten que es "un proceso largo". Sin embargo, se volvió a dar un mes a la residencia para que presentara la documentación que acreditara la subsanación de las deficiencias. Así lo hizo, pero los inspectores la calificaron como "no correcta" e incluso se les dio otros 15 días y se les advirtió de que el incumplimiento de este requerimiento "podría ser constitutivo de infracción".

Un nuevo escrito de la Inspección de Centros y Servicios en abril de 2013 abrió otro plazo de 10 días y reiteró el aviso de un posible procedimiento sancionador. Finalmente, este se incoó en 2014, tras una nueva revisión de las instalaciones. Paralelamente al plan de inspección, la DGA contactó al inicio de la legislatura pasada con Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza para pedir su colaboración en la regularización de residencias que no cumplían los requisitos, aunque según fuentes consultadas, en la amplia lista presentada no estaba la siniestrada.