El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado este martes que la corrupción ha producido en los últimos años en España un "rechazo social extraordinario" y "cierta alarma", pero sobre ella se tiene una "percepción disparada" y frente a ella la Justicia "funciona".

Catalá ha intervenido en un encuentro informativo organizado por el Ágora de elEconomista donde, "sin querer minimizar" según sus propias palabras, ha añadido que son "decenas de miles" las personas que se dedican a la gestión de lo público y "unas pocas decenas de casos" los que han generado "la máxima repulsa".

El ministro ha lamentado que estos hechos puntuales, "conocidos hoy" pero "ocurridos hace años", hayan podido generar una "descalificación de lo público", y ha reiterado que sobre "quien incumple" caen "todas las penalidades del sistema", que hace "rendir cuentas a todos".

Ha manifestado que, en España, "a todos" los culpables se los sentencia "por igual", sin distinción por su "condición económica, política o social", algo de lo que se puede estar "satisfecho". Además, ha dicho que el Gobierno ha emprendido "muchos avances y reformas" para eliminar "espacios de impunidad" de los que pudieran disfrutar los corruptos, y ha subrayado medidas como la tipificación del delito de financiación ilegal de partidos, la reforma de la ley de financiación de partidos o la ley de transparencia.

Preguntado por la Ley de Seguridad Ciudadana, ha expresado que en España "nadie limita el derecho de manifestación" y que lo que hace la norma es "proteger los derechos de las mayorías" frente a las "minorías que pretenden alterar el orden y la convivencia". "A alguna manifestación he ido, y cuando hay manifestaciones pacíficas nunca me ha preocupado que hubiera Policía", ha agregado el titular de Justicia, para quien el debate en torno a si se ha prohibido o no grabar la actuación de los agentes es "maniqueo".

Catalá ha aseverado que los agentes son "los que garantizan las libertades" y que, por ello, "no pueden ser coaccionados grabando imágenes" para que luego se distribuyan en redes sociales junto a sus datos personales con el objetivo de que "sean acosados".

Sobre otras cuestiones que afectan a su departamento, ha apostado por la agilización de la Justicia y ha lamentado que "los plazos no le han importado a nadie históricamente", circunstancia en la que ha enmarcado la reforma que limita los plazos de instrucción. "Cuando nos aprietan nos esforzamos más", ha dicho. En esa línea de hacer la administración de Justicia más rápida, ha comentado que su departamento "no puede ser el vagón de cola de las administraciones españolas" y que hay que acabar con "una cultura soportada en el papel, en la inexistencia de sistemas tecnológicos y en los documentos administrativos".

Así, ha defendido que una Justicia eficaz es un "driver de modernización" y "un factor de competitividad y de inversión", y que el Ejecutivo ha desarrollado un "programa amplio" para lograr que así sea e incrementar la seguridad jurídica como factor atractor de potenciales inversores al país.