La consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales, María Victoria Broto, ha anunciado que su departamento iniciará una inspección de todas las residencias y que se tomarán las medidas necesarias con todas aquellas que no cumplan los requisitos exigidos. Igualmente, se ha mostrado partidaria de modificar el decreto de 1992 por el que se rigen este tipo de centros y donde se establecen las ratios de trabajadores y número de internos, ya que a su juicio se ha modificado en gran medida el perfil de los residentes, especialmente desde la aprobación de la Ley de Dependencia.

Broto ha comparecido este martes tras el Consejo de Gobierno, donde se ha analizado el caso de la residencia de la tercera edad de Santa Fe, donde este fin de semana se produjo un incendio en el que murieron ocho personas y otras doce resultaron heridas.

A lo ya anunciado este lunes sobre el expediente administrativo, que desde finales de 2012 tiene retirado el informe favorable de apertura condicionado por no subsanar las deficiencias que presentaba tras varias inspecciones, Broto ha recordado que posteriormente se decidió incoar un expediente sancionador (en 2014) sin que se haya resuelto nada desde entonces. En esta situación, la consejera ha valorado que se debería haber concluido el procedimiento de cierre de esta residencia y defiende que “lo importante es gestionar bien este proceso porque además está inmerso en un procedimiento judicial”. Broto ha aclarado que con todo los informes, se ha iniciado el expediente de cierre.

La titular de Ciudadanía y Servicios Sociales ha negado que la mencionada residencia disponga este año de plazas concertadas con la Administración autonómica y ha aclarado que aunque estaba incluida en un Acuerdo Marco para cuatro años donde se le podrían haber derivado hasta ocho plazas, finalmente no fue así por cuanto no había resuelto su situación y tenía abierto un expediente sancionador.

La consejera ha lanzado un mensaje de tranquilidad a todas las familias que tienen personas mayores ingresadas en residencias de la Comunidad Autónoma. En este sentido ha señalado que el Gobierno garantiza que están en condiciones adecuadas.