El tripartito aumenta de 13 a 15 las comisiones y el PP pide tener mayor representación
Los populares denuncian que el Ayuntamiento de Huesca no guarda el principio de proporcionalidad. Ciudadanos no respalda el recurso de Magisterio.
El portavoz popular, Gerardo Oliván, mostró ayer su rechazo al nuevo organigrama municipal porque "la representación de las formaciones políticas en las comisiones no es proporcional al número de concejales de cada una de ellas".
Las comisiones estarán integradas por dos ediles del PP, dos del PSOE, uno de Cambiar, uno de Ciudadanos y otro del partido morado. Teresa Sas, portavoz socialistas, manifestó que la proporcionalidad "ha de ser del conjunto, no grupo a grupo". Según dijo, se establecido esta representación en aras de la operatividad y la eficacia. Los mismos argumentos esgrimieron Pilar Novales (Cambiar) y Mary Romero (Aragón Sí Puede), quien señaló que ajustar el número de concejales en las comisiones supone además un "ahorro de las retribuciones económicas". El portavoz de Ciudadanos, José Luis Cadena, apuntó que los siete concejales por comisión son "proporcionales al pleno" y que, aunque se puede llegar hasta 11, se reduce "un gasto que sería excesivo".
Ninguna de estas razones convencieron al PP, que ha pedido un análisis a los servicios jurídicos municipales. "Mal empieza este equipo de gobierno no escuchando al principal partido de la oposición", dijo Oliván. "Se justifica el número de concejales (antes eran ocho) por cuestiones económicas, pero hay dos comisiones más", apostilló el portavoz. "Tenemos claro que la presencia del PP en las comisiones tiene que ser mayoritaria", añadió.
El PP, además, considera que la Mesa de Contratación, compuesta por cinco representantes políticos (uno de cada partido) y tres técnicos, supone la "politización" del principal órgano de contratación del Ayuntamiento.
Todos los grupos estuvieron de acuerdo en solicitar un crédito extraordinario de 1,2 millones y un préstamo a largo plazo de 4,8 millones para pagar el capital y los intereses de la sentencia del Polígono 32. PSOE y PP volvieron a culparse mutuamente de lo caro que le ha salido al Ayuntamiento la recalificación de estas 6 hectáreas en el plan General de Ordenación urbana de 1980.