El Ayuntamiento y la DGA aseguran que la residencia de Santa Fe funcionaba sin permiso

Las dos administraciones han abierto sendas investigaciones para analizar la situación en la que se encontraba este centro privado, donde atendían a 19 mayores. Y las primeras conclusiones apuntan a que no superó satisfactoriamente las inspecciones de la DGA y no llegó a pasar control alguno por parte del Consistorio.

Tras analizar el expediente administrativo con los técnicos y el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, la titular de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, aseguró que el anterior Ejecutivo autonómico retiró el 21 de septiembre de 2012 la autorización provisional de apertura con la que prestaba servicio desde julio de 1997. Fue debido a las diversas deficiencias relacionadas con el mantenimiento y las condiciones higiénico-sanitarias detectadas por los inspectores de la DGA en 2006 y 2011. Entre ellas, faltaba por ejemplo el plan de prevención y extinción de incendios, comentó Broto en la reunión en la que junto a Celaya informaron a los grupos parlamentarios de los datos recabados hasta ahora sobre la residencia siniestrada.

Según la consejera, se le dio un año para subsanar esos problemas y al no hacerlo, se revocó el informe favorable condicionado y se abrió un plazo de un mes para que la propiedad presentara la documentación correspondiente. A partir de ahí, no pudo concretar si se dieron más pasos, si bien insistió en que "administrativamente es un proceso complicado" y en estos casos los cierres no son inmediatos.

Antonio Villacampa, todavía en funciones como director general de Planificación y Aseguramiento, eludió dar explicaciones ante su "situación de interinidad", a la espera de ser cesado. No obstante, puso en duda la versión ofrecida por el actual Gobierno.

Además, según la DGA, en otra inspección llevada a cabo por Sanidad en 2014 se constataron incidencias en materia de higiene que dieron lugar a un expediente por el que se impuso una sanción de 1.500 euros por infracción leve.

Por otra parte, el Gobierno aragonés reconoció que la residencia estaba incluida en el convenio marco de diciembre de 2014 para concertar plazas en los próximos cuatro años, pero puntualizó que el pasado febrero se le comunicó que no podrían optar a los contratos derivados de ese acuerdo –que contemplaba hasta 8 plazas conveniadas en Santa Fe– mientras no subsanara las carencias que le habían hecho perder la autorización de apertura en 2012.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Zaragoza insistió en que la residencia carecía de licencia de actividad y de obras, dado que la solicitud presentada a finales de 1997 o principios de 1998 fue rechazada. El Consistorio explicó que la denegación del permiso de obras se produjo en abril y en octubre de 1998 le tocó al de apertura. El motivo es que el centro hubiera precisado de una superficie de 10.000 metros cuadrados y no de 2.000, que es lo que ocupa el edificio y su jardín. Además, está en un suelo no urbanizable. El concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, explicó que hubiera sido necesaria una autorización especial para valorar su interés general.

Preguntados por si el Consistorio revisó las instalaciones, la edil argumentó: "Para la administración no existía esta residencia". En este sentido, Muñoz indicó que se hubiera actuado en caso de denuncia, pero dijo que en el expediente no consta ninguna.

Broto explicó que están pendientes de las acciones judiciales "para facilitar la información necesaria". Eso sí, citó la cuestión de la responsabilidad subsidiaria, que a su juicio deberá resolver el juez. Asumió que "moralmente tenemos una responsabilidad". "Es un problema grave con muchas aristas. El juez pedirá la responsabilidad a cada administración", dijo.