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Un juez de Zaragoza desmantela en España y Panamá una trama de blanqueo de capitales

La Guardia Civil y las autoridades panameñas han arrestado a doce personas que lograban dinero con tarjetas bancarias.

La Guardia Civil y las fuerzas de seguridad panameñas han detenido a doce personas, cuatro de ellas en Zaragoza, por blanqueo de capitales, una actividad ilícita que llevaban a cabo aprovechando la subvención al cambio de moneda que concede el Gobierno venezolano para viajes al extranjero. La operación ha estado dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de la capital aragonesa, Rafael Lasala, encargado del caso.

Según informó ayer la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, durante la investigación los agentes ha detenido a nueve personas en España y a tres en Panamá, y han efectuado diez registros (cuatro en Zaragoza, otros tantos en Córdoba, uno en Málaga y otro en Madrid). En estos domicilios han intervenido gran cantidad de documentación y material informático relacionado con los delitos investigados, así como 11.500 euros en efectivo.

Estas fuentes señalaron que la operación, a la que han bautizado con el nombre de Raspado, se puso en marcha a primeros de año después de que las autoridades de Panamá comunicaran a la Guardia Civil que habían detectado una organización delictiva dirigida desde España y que estaría dedicándose al blanqueo de capitales y a la falsificación de documentos mercantiles.

Los delincuentes, que utilizaban testaferros, habían creado un entramado empresarial para abrir multitud de cuentas bancarias con la finalidad de proveerse de datáfonos de bancos españoles, que posteriormente trasladaban a Panamá, donde la red los utilizaba en una modalidad defraudatoria conocida como "raspado de tarjetas Cadivi".

En Venezuela, según explicaron las mismas fuentes, existen en la actualidad unos procedimientos para el cambio de bolívares a otras monedas internacionales y se les permite a sus ciudadanos adquirir esas divisas cuando viajan al extranjero hasta el equivalente de 3.000 dólares americanos por año.

Para ello, el Gobierno venezolano les facilita unas tarjetas denominadas Cadivi con dicho crédito a un cambio preferencial de 6,30 bolívares por dólar, si bien en el mercado negro este cambio podría elevarse a los 185 bolívares por dólar.

Operaciones ficticias

La red desmantelada, a través de los datáfonos o TPV (Terminales Punto de Venta) en su poder, realizaba operaciones ficticias, cargando gastos a tarjetas de los ciudadanos venezolanos. De esta manera, los propietarios de las tarjetas obtenían los justificantes falsos que a su ficticio regreso del viaje, entregaban como justificante de haberse desplazado al extranjero.

Con esta trama, tanto la red como los propietarios de las tarjetas conseguían grandes beneficios, ya que, una vez justificados los gastos a cambio de una comisión, el propietario de la tarjeta Cadivi percibía los dólares que podía cambiar en el mercado negro con un gran beneficio.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en colaboración con las policías de Panamá y Venezuela.

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