El alcalde de Escucha se desmarca del vertido ilegal de Genepol
Las emisiones contaminantes de una fábrica que recicla plástico fueron a parar a un afluente del Martín.
El alcalde se mostró "tranquilo" tras la declaración porque, según aseguró, la responsabilidad plena del vertido es de la empresa que los generó, una fábrica dedicada al reciclado de plástico. Javier Carbó explicó ante el juez que la industria obtuvo una autorización temporal para canalizar sus vertidos hacia la depuradora municipal, pero tenía la obligación de tratar las emisiones en la propia planta con su sistema de depuración.
El alcalde considera que la autorización para derivar las emisiones a la depuradora pública era provisional y se concedió atendiendo al empleo derivado de la actividad de la fábrica, pero estima que la empresa no quedó eximida en ningún momento de resolver la depuración por su cuenta. Carbó añadió que el episodio de contaminación se debió a que la empresa vertió directamente al cauce público sin utilizar el conducto que canalizaba las emisiones hacia la depuradora municipal.
El alcalde añadió que la CHE reclama 1.600 euros a Genepol en concepto de canon de vertido y, en su opinión, esta circunstancia refuerza su versión de que la única responsabilidad es de la empresa. La Fiscalía estimó en 280 toneladas el volumen de plásticos que llegaron al cauce público debido al vertido de aguas residuales sin tratamiento previo.
El magistrado instructor requirió al alcalde para que, en un plazo de tres días, le facilite el nombre de los técnicos encargados del funcionamiento de la depuradora municipal. El juez contempla la posibilidad de citarlos a declarar como testigos en el mismo caso.
Tres personas están ya imputadas por el vertido contaminante: el administrador de Genepol, Javier Díez Tejeiro; el jefe de planta, Valentín Salvador; y el alcalde, Javier Carbó. Además, otras diez personas han comparecido ante el juez como testigos, entre ellos un sargento del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, agentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y del Departamento de Medio Ambiente y peritos del Instituto Aragonés del Agua y del Instituto de Medicina Legal de Valencia.
La amenaza de sanciones sobre Genepol a raíz del vertido en el río Ancho motivó una movilización de la plantilla de la empresa, formada por 41 trabajadores, para reivindicar ante el Ayuntamiento la conexión del vertido de la fábrica con la depuradora municipal. Los empleados consideraban amenazados sus empleos.
