La Delegación del Gobierno advierte de que paralizar la aplicación de la Lomce es ilegal

La Delegación del Gobierno, con el popular Gustavo Alcalde al frente, recordó que la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa y los reales decretos que la desarrollan son una "normativa básica de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional".

Aragón, en el ejercicio de sus competencias, complementó el contenido de esos decretos a través de dos órdenes de la Conserjería. Según la Delegación, estas pueden ser modificadas por el futuro Gobierno autonómico, pero "en ningún caso pueden paralizar la puesta en marcha de la Lomce, que establece su propio calendario de implantación". Por ello, la institución considera que la "pretendida" paralización "no es posible legalmente, ya que vulneraría "el principio de seguridad jurídica y de jerarquía normativa".

En el mismo comunicado, la Delegación del Gobierno central dice lamentar "la confusión y consiguientes perjuicios que algunas formaciones políticas están provocando en los centros educativos, familias y alumnos" por intentar evitar la puesta en marcha de la Lomce, que el próximo curso debería comenzar a implantarse en secundaria y bachillerato. "Es algo innecesario ya que la situación jurídica es clara", añade la nota, que concluye recordando que "el cumplimiento de la ley en vigor es incuestionable".

Antes incluso de cerrar los pactos para la investidura de Javier Lambán, el PSOE, Podemos, CHA e IU se comprometieron el 22 de junio a parar la Lomce. Sería mediante una orden de suspensión del currículo en secundaria y bachillerato –antes del 13 de julio, cuando comienza el periodo de matriculación– y otra de paralización del sistema de evaluación en primaria, donde la Lomce empezó a implantarse este pasado curso. Ayer las cuatro formaciones insistieron en que "se está trabajando para buscar la mejor fórmula administrativa y jurídica que permita actuar con total seguridad y de forma legal", por lo que rechazaron las advertencias lanzadas desde el órgano gubernamental.

El más crítico fue Javier Sada, portavoz del grupo parlamentario socialista, que consideró "una broma" que el PP "dé lecciones de lealtad institucional y de legalidad", y reprochó que el actual Gobierno haya "intentado amenazar a los directores de instituto" y forzado la implantación de la Lomce "deprisa, corriendo y mal, y con todo el sector educativo en contra". Y alertó de que aplicarla "puede ser un desastre".

Erika Sanz, diputada de Podemos, se mostró "indignada" ante lo que tachó de "política de imposiciones" y coincidió en que solo se pretende aprobar, como en otras comunidades, una moratoria, "totalmente viable", porque "no se dan las condiciones para desarrollar esa ley".

Gregorio Briz (CHA) también opinó que es "una forma poco elegante de presionar" para "generar dudas y miedo" y se preguntó si Madrid "llevará a los tribunales" a todas las comunidades rebeldes. Por IU, Patricia Luquin recordó que el compromiso de las fuerzas de izquierdas supone demorar la aplicación ya que confían en que tras las generales el nuevo Ejecutivo derogue la norma. Por su parte, María Herrero, del PAR, consideró "peligroso" cuestionar leyes como la Lomce "basándote en si te gustan o no".