7.500 aragoneses entrarán mañana en el sistema de dependencia

La llegada del 1 de julio significa el inicio de una nueva etapa para aquellos dependientes que durante los últimos años han sido catalogados como Grado I (cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal) y que debido a esta clasificación y a los continuos retrasos en la implantación de la Ley de Dependencia todavía no han entrado a formar parte del sistema. Según los últimos datos publicados por el Sistema de Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) referidos al mes de mayo, 7.467 aragoneses forman parte de este grupo.

“El Gobierno central ha intentado retrasar el acceso a todas las personas que tenían un Grado I, de hecho, su ingreso estaba previsto para 2013, pero se pospuso a mediados de 2015 y ahora, a pocos días del cambio, todavía hay serias dudas sobre cómo se va a llevar a cabo”, destaca José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. En la actualidad hay 24.161 personas que tienen derecho a una prestación, de las cuales, solo 16.681 disfrutan de algún tipo de ayuda. El resto se encuentran en lista de espera.

Con la llegada de este nuevo cupo de dependientes, este limbo de la dependencia crecerá hasta los 14.947 aragoneses, una cifra ligeramente inferior a la del número de enfermos que tienen derecho a una residencia, un centro de día o cualquier otro tipo de ayuda que se recoge en la legislación. “Esto es un gran problema porque si llevamos varios años denunciando que la lista de espera no hace más que crecer, lo que va a ocurrir ahora es inviable”, destaca Ramírez.

Desde el Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón señalan que no saben cómo el Gobierno autonómico va a llevar a cabo la adecuación de los nuevos dependientes. “A estas personas les corresponderían ayudas en el domicilio o teleasistencia, pero el departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia de Aragón ni siquiera las oferta”, declaran.

Asimismo recuerda que durante los últimos años se ha incumplido de manera sistemática la legislación, prohibiendo que más de 7.000 aragoneses pudieran acceder a sus derechos como dependientes. “Todas las personas que tienen reconocido este derecho, deben de tenerlo y no estar en una lista de espera”, recalca Consuelo Pardo, vocal del Colegio de Trabajadores Sociales.

Sin embargo, parece que la solución no es tan sencilla. Al menos, con los presupuestos que aprobó el Gobierno de Aragón para este año. En ellos, tenía previsto destinar a dependencia 151 millones de euros, solo 2,25 más que el año anterior. “Es imposible que con este incremento se pueda atender a casi el doble de beneficiarios, está claro que ni el Gobierno autonómico ni el central han pensado en la entrada de los pacientes de Grado I”, sostiene Ramírez.

Por su parte, los Presupuestos Generales del Estado tampoco modifican la cuantía que se dedica a este aspecto y, de hecho, no preven la incorporación de nuevos dependientes como sí que se especificaba en los presupuestos aprobados otros años. Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aseguran que “se va a transferir a las Comunidades Autónomas las cantidades que correspondan al igual que hace con el resto de los beneficiarios con prestación reconocida y que ya gozan de la misma”.

Al mismo tiempo recalcan que, como cada año, “si los créditos son insuficientes para atender los gastos se tramitarán los suplementos que sean necesarios”. No obstante, todavía no son conocedores de qué coste va a suponer en cada autonomía ni a nivel estatal. Si se tienen en cuenta otras incorporaciones como las producidas en 2010 o 2011, con los pacientes de Grado II (nivel 1) y Grado I (nivel 2) -en 2012 se modificó la denominación y se eliminaron los niveles-, el suplemento podría ascender entre los 200 y los 350 millones de euros.

Con la mirada puesta en el futuro

El cambio de Gobierno autonómico provoca que todas las asociaciones relacionadas con la dependencia estén pendientes de los cambios que pueda haber. “Con los actuales presupuestos es imposible que la DGA pueda solucionar el problema de manera directa, además, cuando empiecen a introducir dependientes tendrán que decidir qué criterios siguen para ordenar a los casi 15.000 nuevos pacientes”, señala Ramírez.

“Estamos preocupados por saber cuál será la situación a partir de ahora, aunque según declaraban en sus programas electorales, debería producirse un empuje de la Ley de la Dependencia”, sostiene Paquita Morata, gerente de la Asociación Aragonesa para la Dependencia (ARADE). Pardo también apuesta por apoyar esta legislación y eliminar las largas listas de espera. “Igual que se ha anunciado un mayor presupuesto para las ayudas económicas de verano, debería hacerse en el ámbito de la dependencia”, subraya.

De momento, el Gobierno en funciones no ha realizado ninguna declaración al respecto. No obstante, el decálogo aprobado por PSOE y Podemos sí que aborda esta cuestión, por lo que se prevé que sea uno de los principales aspectos que abordarán al comienzo de la legislatura. En concreto, en este documento hablan de “la previsión de la incorporación al sistema de las personas en situación de dependencia con grado I”. Asimismo recalca la futura elaboración de un modelo de gestión de las prestaciones y su presupuesto.

Más de dos años de quejas

Durante los últimos años han sido constantes las quejas que se han realizado a la gestión del sistema de dependencia aragonés, que según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, es el segundo peor de España, solo por detrás de Valencia. Si se comparan los datos de estos momentos con los de 2013 se puede comprobar que en solo dos años años se han perdido 4.000 personas con el derecho a una prestación reconocido y hay 2.600 menos siendo atendidas. Además, fue el propio Javier Lambán, el que destacó que unas 3.500 personas habían muerto esperando a ser atendidas.

Asimismo, en este tiempo se han producido otra series de problemas en este ámbito que han sido criticados tanto desde Marea Naranja como por el Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón. “No es normal que por la mala gestión de la administración se esté reclamando dinero a los dependientes y tampoco que el IASS recomiende que se contrate a una empresa privada para realizar el servicio de ayuda a domicilio, que no es público”, recuerda Pardo.

Evaluación de las listas de dependencia 

Esta semana, el Grupo Parlamentario del PP en el Congreso ha registrado una proposición No de Ley para instar al Gobierno a que el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia evalúe la situación de la lista de espera en el conjunto de las Comunidades Autónomas.

Además, la iniciativa solicita que se de "garantía" de que el próximo día 1 se incorporarán al sistema los dependientes moderados, cosa que está prevista en el calendario oficial y sobre la que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, competente en este asunto, no ha anunciado ningún cambio.