Bruselas acaba de sacar tarjeta amarilla al Gobierno de España por la obra del embalse de Biscarrués, pero el procedimiento formal de infracción abierto por la Comisión Europea, en base a los posibles incumplimientos de la Directiva marco del Agua, no es el único frente que tiene planteado el controvertido proyecto para la regulación del río Gállego. En la Audiencia Nacional hay presentados dos recursos contra el expediente de información pública, el anteproyecto, una adenda a este y la Declaración de Impacto Ambiental. Uno fue instado por los municipios afectados y otro por las asociaciones ecologistas.

El recurso contencioso-administrativo de los ayuntamientos de Biscarrués, Santa Eulalia de Gállego y Murillo de Gállego, iniciado en 2012, ya ha completado su tramitación. Solo está pendiente de fijar una fecha para la votación y el fallo. Fuentes de una de las partes indicaron que el señalamiento podría producirse en cualquier momento, ya que llevan seis meses esperándolo. En el caso del contencioso de las asociaciones Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Adena y Greenpeace queda todavía la práctica de la prueba.

En su momento se pidió la acumulación de los dos pero la Audiencia Nacional entendió que no procedía, ya que aunque se trataba del mismo objeto, la parte demandante era distinta.

"Llevamos seis meses esperando el señalamiento", comentó el abogado del Ayuntamiento de Fraga, que está personado en el proceso. Muchos agricultores de este municipio llevan décadas pendientes de un aumento de la dotación de agua para ampliar la superficie de regadío. Según el letrado zaragozano José María Gascón, el otro pleito está paralizado porque los ecologistas aportaron varios informes y los demandados los recurrieron al entender que eran extemporáneos.

Los recursos solicitan invalidar decisiones del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, pero además del abogado del Estado figuran como codemandados la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón y el Ayuntamiento de Fraga, ya que la ley obliga al actor principal a notificarlos a todos los que tengan un interés en el proyecto.

La judicialización de la obra no ha impedido seguir dando pasos para su ejecución. El 3 de julio de 2014, Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), por encomienda del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, lanzó la licitación del proyecto de construcción y el 25 de noviembre se adjudicó el contrato. También está en redacción el de Almudévar, un embalse vinculado a Biscarrués, ya que funcionará como depósito de los caudales regulados en el Gállego.

Ni ayuntamientos ni ecologistas han pedido la suspensión cautelar del procedimiento administrativo, ya que tratándose de una obra tan costosa (el presupuesto está calculado en 120 millones de euros), si se perdiera el recurso tendrían que enfrentarse a una reclamación por responsabilidad patrimonial.

En su día, tanto el abogado del Estado como el del Ayuntamiento de Fraga y el de los regantes pidieron que no se admitiera ninguno de los dos contenciosos al considerar que el anteproyecto era un acto de trámite, pero la sala resolvió en contra y dijo que había que entrar al fondo del asunto.

Si aceptaran las tesis de los ayuntamientos o de las organizaciones ecologistas, la Audiencia Nacional dejaría sin efecto el anteproyecto y habría que modificar la Declaración de Impacto Ambiental en lo que se considerase que se ha vulnerado. El abogado del Ayuntamiento de Fraga entiende que tampoco sería un obstáculo insalvable, ya que todavía se debe redactar el proyecto de construcción.

En todo caso, sea cual sea el fallo de la Audiencia Nacional, cabría interponer un recurso ante el Tribunal Supremo. Además, todas las partes dan por sentado que se seguirán planteando otros procesos judiciales a medida que avanzan los tramites administrativos. Queda aún pendiente la aprobación del proyecto que se está redactando en estos momentos.