El pago a proveedores y empresas con las que contrata la administración sigue lejos del ideal que marcó el Gobierno central cuando el año pasado puso en marcha mediante decreto nuevos mecanismos para controlar la morosidad de las entidades públicas, obligando a comunidades autónomas, ayuntamientos y otras entidades locales a publicar periódicamente la cantidad de dinero que adeudaban y cuánto tiempo tardaban en saldar sus deudas.

De hecho, desde que Hacienda publicó el primer informe relativo al pasado mes de septiembre hasta los datos que se dieron a conocer esta semana referentes al 30 de marzo, los principales ayuntamientos de Aragón han aumentado sus cantidades pendientes de pago en más de un 40% durante los meses precedentes a las elecciones, aunque, eso sí, mejorando notablemente el tiempo que tardan en solventar los ingresos, donde los ayuntamientos siempre han ido un par de pasos por delante de la DGA, que según los últimos datos, y pese a mejorar, sigue siendo uno de los gobiernos autonómicos que más tarde paga las facturas con una demora de 73 días.

De este modo, la veintena de municipios de más de 5.000 habitantes de la Comunidad debían a sus proveedores en el primer trimestre del año algo más de 80 millones de euros en su conjunto, 33 más que la deuda que tenían contraída hace seis meses. Zaragoza, que por población y capacidad acapara la mayor capacidad de contratación, adeudaba 54 millones de esta cuantía -por los 38 de septiembre- si bien un mes más tarde, en abril, había conseguido contener este importe hasta los 46,8 millones de euros.

La capital no fue la única que aumentó la deuda. No en vano, el resto de municipios casi había triplicado el volumen de las facturas pendientes de pago pasando de los 9 millones a solventar en septiembre a más de 26, según los últimos datos publicados por Hacienda.Solo 281 municipios de los 731 mandaron información al Ministerio, que estudia medidas al respecto

Pero más allá del aumento de las deudas que se hayan podido encontrar las nuevas corporaciones tras las pasadas elecciones, lo que sorprende incluso al Ministerio de Hacienda es la escasa cantidad de municipios que han mandado sus informes a tiempo, siendo solo 281 los que han remitido la información del pasado trimestre de los 731 que hay en la Comunidad.

Aunque en su mayoría corresponden a pequeños núcleos también hay ayuntamientos de corte importante como Caspe o La Muela que no han enviado su deuda ni sus periodos de pago. En el caso del municipio muelano, donde ahora gobierna CHA, los importes pendientes de pago del mes de septiembre eran incluso mayores que los de Teruel capital (899.505 euros), y desde la intervención del consistorio se explica que en en esta ocasión “ha sido imposible mandar los datos a tiempo” debido a que aún no se habían cerrado las cuentas.

En situación inversa se encuentra Ejea de los Caballeros, que tras no enviar la información en el primer requerimiento ahora sí que la ha hecho llegar al Ministerio, figurando una deuda contraída con las empresas que le han prestado servicios de 182.000 euros.

En función de este incumplimiento masivo de la norma al no enviar la información, el Ministerio está desarrollando durante estas semanas un requerimiento telemático por el que solicitará de nuevo los datos a los más de 400 municipios aragoneses infractores -se estima que son más de 2.000 en España-. En él, según explican fuentes ministeriales, se les requerirá el suministro de información en un plazo de quince días, algo que de no suceder podría desembocar en sanciones. No obstante, desde el Gobierno se estima que muchos de estos municipios pequeños cuentan con escasos recursos, y confían que una vez notificada la infracción todos procedan a enviar sus datos.Solo Zaragoza y Teruel superan el periodo medio de pago, aunque sin incumplir el límite legal

En lo que respecta a la tardanza en abonar las facturas, la Ley solo prevé sanciones e incluso intervenciones en el caso de que los ayuntamientos y entidades locales superen el periodo legal de pago a proveedores de forma reiterada (superior a los 60 días) algo que no ocurre en ninguno de los municipios que hicieron llegar sus datos.

Pese a esto, Zaragoza y Teruel sí que superan el periodo medio de pago estipulado por Hacienda, que se ciñe a 30 días desde la aprobación de la factura. En concreto, la capital aragonesa tardaba 24,6 días en pagar sus facturas durante el mes de marzo, periodo dentro del margen que en el mes de abril subió hasta los 39 días, convirtiéndose junto con Valencia, Palma de Mallorca y Murcia en una de las cuatro grandes capitales incumplidoras.

Fuentes del actual Gobierno de Zaragoza en Común explican que una de las medidas que buscan conseguir con la auditoría interna que anunciaron la semana pasada es “cuantificar y controlar de mejor forma” los pagos a proveedores, unas deudas que no obstante la anterior corporación ya había controlado después de llegar a deber a comienzos de 2012 hasta 58 millones a autónomos y pymes y 106 a las principales contratas municipales.

El de Huesca, por su parte, sigue siendo uno de los entes más solventes con solo 2,2 millones pendientes de pago y resolviendo sus deudas dos días después del plazo inicial.

El resto de grandes municipios de Aragón cumplen en la inmensa mayoría con los plazos, llegando incluso algunos de ellos, como Barbastro o Fraga, a pagar antes del inicio del cómputo oficial por parte de la administración, enmarcado también en los treinta días posteriores a la recepción de la factura.