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Aragón

Dos ecologistas llevarán al tribunal de Estrasburgo una condena por criticar un fallo judicial

Los dos miembros de la Plataforma ‘Aguilar natural’ se enfrentan a penas de más de 13.000 euros en indemnizaciones.

Los dos ecologistas, miembros de la plataforma ciudadana ‘Aguilar natural’, condenados a indemnizaciones de más de 13.000 euros por verter críticas a un fallo judicial, recurrirán al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo como última vía ante el rosario de pleitos que vienen padeciendo desde 2013.

Han tomado esta decisión después de que el Tribunal Constitucional desestimara el recurso presentado por ambos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel, que, a su vez, ratificó la del juzgado turolense, condenando a los dos ecologistas por un delito de injurias graves con publicidad contra la titular del Juzgado Contencioso Administrativo de la capital.

Esta sentencia se refiere a los comentarios vertidos por ambos en una carta publicada en un medio de comunicación, en la que firmaban como portavoces de la Plataforma. En ella mostraban su desacuerdo con el fallo del Contencioso en un pleito entre el Ayuntamiento de Aguilar del Alfambra y la empresa WBB Sibelco. Ante el proyecto de esta compañía de poner en marcha una explotación en un yacimiento de arcilla, consideraban necesario elaborar un preceptivo estudio de impacto ambiental por sostener que se trataba de una actividad molesta, nociva e insalubre.

Ivo Aragón, uno de los afectados, señaló que la sentencia resulta"asombrosa", porque, a su juicio, en ningún momento se hace referencia al ámbito personal de la titular del Contencioso, como se explica en el fallo, sino que tiene lugar en el ejercicio de su profesión.

Contra la libertad de expresión

Agregó que por la resolución judicial se establece la necesidad de protección especial para los jueces, lo que, en su opinión,"los convierte en profesionales no criticables, con el consiguiente perjuicio a la libertad de expresión de todos los ciudadanos, que, irremediablemente, se verá cercenada". Considera"grave" que no se pueda opinar sobre"una sentencia, que es un documento público".

La presentación del dictamen de la judicatura española ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo es el último camino que les queda a los dos activistas para protestar por la sentencia condenatoria. Los abogados de ambos tienen un plazo de seis meses para elaborar la documentación necesaria.

Los ecologistas afirman que el Tribunal de Estrasburgo no tiene competencia para anular una sentencia de la Justicia española, pero sí puede penalizarla si considera que con ella se han lesionado los derechos humanos. Esta penalización obligaría"a devolver las indemnizaciones", manifestó Ivo Aragón. Hay casos, incluso, en los que se ha impuesto una sanción, si se ha estimado que existía un claro menoscabo a los derechos de las personas.

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