Los alcaldes afectados dicen que Biscarrués tiene "los días contados" y piden dimisiones
Según los regantes y la DGA, el informe de Bruselas cuestiona el anteproyecto del embalse de 2011 que ahora se está corrigiendo.
Los responsables municipales dieron una rueda de prensa para valorar el informe de 32 páginas emitido por Bruselas. Acusaron al Gobierno de España de ocultar durante cuatro años la investigación iniciada en 2011 por la UE, ya que solo han tenido acceso al mismo de manera "extra oficial", por una filtración. "La Comisión Europea se dedica a desacreditar la actuación del Gobierno en este proceso cuestionando todo lo realizado hasta ahora", declaró el alcalde de Biscarrués, José Torralba (CHA). A su juicio, la carta ratifica "punto por punto" los argumentos de los ayuntamientos. "Es una chapuza y un despilfarro de dinero público", añadió.
La de Murillo opinó que los condicionantes impuestos por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) "no se pueden salvar", pero a pesar de ello se sigue adelante. "Se ha mentido a los afectados y a los regantes expectantes", dijo la también diputada de Podemos, Marta de Santos, quien advirtió de la multa millonaria a la que se enfrenta España si al final el procedimiento de infracción aprecia un incumplimiento del derecho comunitario. Biscarrués también está pendiente del fallo de la Audiencia Nacional por sendos recursos de los ayuntamientos y los ecologistas.
Por contra, los regantes no ven en la posición de Bruselas una amenaza, ya que según ellos cuestiona el anteproyecto, corregido luego en la DIA de 2011. Esta obligó a introducir una serie de modificaciones que se deben incorporar al proyecto actualmente en redacción. Prueba de ello es la mención a la central hidroeléctrica, ya desestimada. "Esa es la información que a mí me ha transmitido la CHE", declaró el presidente de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, quien lamentó que "Biscarrués está condenado hasta que se acabe, si se acaba, a figurar en el punto de mira". Los únicos beneficiarios no son los agricultores, "es un proyecto de la administración para Aragón y para España y si no se hace, pierde todo el mundo", aclaró, recordando que 46.000 hectáreas de Monegros II están pendientes del aumento de la regulación del Gállego. "Llevamos 40 años esperándolo". El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Modesto Lobón, coincidió en que "se está a tiempo", en la fase de redacción del proyecto, para corregir los problemas. El contrato se adjudicó en noviembre con un plazo de ejecución de dos años.
