Por segundo verano consecutivo, la sombra de un conflicto político internacional asoma sobre el sector frutícola aragonés, uno de los que más empeño había puesto en los últimos años por adaptarse a las normas y los gustos de los mercados internacionales y al que el veto ruso puso en jaque el año pasado.

La reedición del veto ruso ha entrado ya de lleno en la campaña de la fruta. Este lunes el Kremlin ordenó prorrogar seis meses más el cerrojo a los productos frescos de Europa y EE.UU. Después de que la Unión prolongara a su vez otro semestre las sanciones sobre Moscú por su intervención en Ucrania. Un pulso que poco tiene que ver con las más de 38.000 hectáreas de fruta dulce que se cultivan en la Comunidad, que este verano ya están produciendo las mismas cantidades a pleno rendimiento con la contratación de aproximadamente 15.000 temporeros.

El problema, según señalan las asociaciones agrarias, es que la reconversión varietal que en los últimos años ha tenido el sector para desarrollar variedades más enfocadas precisamente al mercado internacional están ahora a en su pico de producción. Frutas como el paraguayo o la nectarina tienen sus árboles a pleno rendimiento, lo que el verano pasado ya provocó una caída de precios y, en consecuencia, de la renta de los agricultores en casi un 35%, según las estimaciones que extrajo la Uaga al final de la campaña.

“Estamos hablando de que es un sector ya en quiebra, donde han salido decenas de explotaciones ya endeudadas y que esperaban este año normalizar algo sus cuentas”, afirma tajante Vicente López, representante del sector frutícola en la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, organización que este martes en una reunión de urgencia de la Mesa de La Fruta de la Comunidad solicitó que se pusieran en marcha de forma inmediata los lotes de retirada para evitar la caída de precios que el año pasado se acabó produciendo por el 'tapón' del veto del Gobierno de Putin.

El año pasado llegó con el 60% de la fruta ya comercializada, este año lo hace con la campaña recién iniciada

Y es que, tras comenzar a abrir nuevos mercados y repuntar levemente el consumo interno los agricultores aragoneses se habían plantado en el comienzo de la campaña con buenas noticias. El melocotón -del que Aragón es el primer productor nacional- se encuentra con unos precios entre un 10 y un 15% superiores al año pasado por estas fechas, antes de que en agosto el anuncio del veto redujera su precio hasta prácticamente la mitad.

Sin embargo, este año el anuncio del Kremlin -que por otra parte no ha pillado por sorpresa a los agricultores- llega con la campaña recién comenzada, y con productos como la cereza que el año pasado se salvaron de la quema también perjudicados. “A pesar de que este año la producción de cereza ha caído entre un 20 y un 30% en Aragón el mercado nacional no está absorbiendo toda la fruta debido a que el consumo europeo se ha resentido”, señala López.

La DGA, dispuesta a tomar medidas, a la espera del consenso del sector

Este martes, en la reunión de la Mesa de la Fruta, el Consejero en funciones Modesto Lobón explicó que “está todo preparado” para que se lleve a cabo una retirada de fruta que pudiera contener el previsible desplome de los precios si fuera necesario. Un mecanismo que ya fue explorado el año pasado retirándose del mercado 11,4 millones de los kilos (de los más de 550 que se produjeron) mediante convenios con el banco de alimentos, pero que en opinión de los agricultores llegó demasiado tarde.

Ahora, al estar presente el veto desde el principio de la campaña, y con julio a la vuelta de la esquina, se estima que las cantidades deberían ser mayores. Según las estimaciones que maneja Uaga, entre un 20% de las 430 millones de kilos de melocotones y nectarinas deberían ser retiradas del mercado, defendiendo que los fondos compensatorios destinados por la Unión para este menester no salgan de las partidas agrarias, al ser un problema puramente político.

No obstante, el ejecutivo en funciones prefiere esperar unos días ya que en la reunión informativa llevada a cabo los sindicatos agrarios no compartían la misma posición. Mientras Uaga apostaba por tomar medidas “urgentes”, Asaja se mostró más partidaria de esperar hasta valorar mejor la situación. Para ello, tanto los agricultores como el Ejecutivo autonómico cuenta con tiempo hasta el 30 de junio, momento en el que el Ministerio de Agricultura y la Unión cerrarán los fondos de crisis.

Para José Manuel Roche, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Aragón, la actitud de Bruselas ante esta problemática ha sido “totalmente irresponsable”. “Era previsible que si se mantenían las sanciones Rusia respondería de la misma forma usando el sector agrario y el mercado de la alimentación como medida de presión, algo que la UE debería haber prevenido ya planificando partidas para evitar la situación de colapso que se produjo el verano pasado, que ha llevado a que muchas explotaciones se estén manteniendo mediante créditos -la DGA dispuso una línea de créditos blandos hace solo unos meses- y asumiendo riesgos”, explica, aseverando que en su opinión también se deberían tomar medidas “cuanto antes”.

El sector porcino también mira de reojo a Moscú

Otro sector que también ha venido notando a lo largo del último año el efecto del veto de Putin es el ganado porcino, el mayor agregado de la producción agraria aragonesa, que además, ya llevaba teniendo problemas para la comercialización de sus productos más allá de los Urales desde febrero del 2014, casi siete meses antes que el sector frutícola.

“Sin duda alguna que se prolongue no es una buena noticia”, explica José Luis Lavilla, representante de Asaja y presidente de la Asociación Pecuaria de Huesca, quien explica que en la actualidad la rentabilidad por cerdo ha caído en quince euros con respecto al año pasado por estas fechas, en las que la carne de porcino suele alcanzar su máximo precio. “El mercado ahora mismo es completamente internacional y la volatilidad puede llegar por cualquier mínima decisión”, señala.