Despliega el menú
Aragón
Suscríbete

Entidades sociales y partidos políticos se unen frente a las expulsiones exprés

Casi 30 oenegés, sindicatos, ZEC, IU, CHA y Podemos exigen el regreso del marroquí deportado de Zaragoza en mayo.

Casi treinta entidades sociales, partidos políticos, asociaciones vecinales y profesionales (como los letrados de la sección de Derechos Humanos del Colegio de Abogados) se han unido para decir no a las expulsiones exprés en Aragón. Todos ellos han firmado un manifiesto que marca las líneas rojas que no están dispuestos a dejar que se traspasen sin plantar batalla.

Las alarmas saltaron el pasado mes de mayo, cuando Abdul, un marroquí residente en España desde hace 20 años y que tenía familia y una hija a su cargo, fue devuelto a su país en 48 horas. Este ciudadano había cometido un delito de tráfico de drogas y ya había cumplido su condena en Zuera. De acuerdo con la Ley de Extranjería, si un extranjero comete un delito en España cuya pena exceda el año, puede ser expulsado.

Sin embargo, el manifiesto hace hincapié en otros asideros legales que cuestionan el caso de Abdul y muchos otros. En concreto, el Estado español se comprometió ante el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos (TEDH) hace unos meses a tomar en consideración otros aspectos antes de estas expulsiones. Se refería a ser residente de larga duración, los vínculos creados, la edad y las consecuencias para todo su entorno familiar.

Derecho a tener abogado

"Con las expulsiones exprés, España incumple no solo las obligaciones internacionales que le corresponden como estado parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos en cuanto al respeto a la vida sino, lo que es más grave, no ha tardado ni tres meses en incumplir la palabra dada al TEDH", concretan.

Estas situaciones no son aisladas en Aragón, y Sos Racismo lleva un puñado de causas cada año. En este caso, la lucha empezó abanderada por el área social del Centro Pignatelli (Jesuitas Zaragoza). Entre otras cosas, defienden el derecho a poder lograr la reinserción, máxime cuando se ha logrado un trabajo a jornada completa y se tiene familia.

Hace un par de semanas, varias entidades se reunieron ya con la subdelegación del Gobierno, pero allí les explicaron que al ser un proceso legal no iban a dar ningún paso más. También se denuncia que el "asalto" se cometió (las personas que sufren este tipo de procesos son detenidas en cualquier momento o lugar y no pueden despedirse de su familia) cuando sigue sin resolverse un recurso de apelación admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que podría amparar su permanencia en el país. Se reprocha además que no tengan abogados que puedan defenderlos durante el arresto.

"Las expulsiones exprés deben cesar. Pedimos que antes de ejecutar una orden de expulsión se realice una nueva valoración de las circunstancias particulares del caso así como que se facilite siempre asistencia letrada en comisaría. Por sentido común, por humanidad", insisten en el último punto del manifiesto.

Etiquetas
Comentarios
Debes estar registrado para poder visualizar los comentarios Regístrate gratis Iniciar sesión