La Audiencia Provincial de Zaragoza emitió ayer el que probablemente será su último auto sobre el caso de La Muela antes de que se fije fecha, hora y lugar para celebrar el juicio por la presunta trama de corrupción urbanística descubierta en el municipio zaragozano en 2008. En el escrito, denominado auto de señalamiento, la ponente del caso, Soledad Alejandre Doménech, admite o rechaza pruebas propuestas por los 41 encausados, el fiscal y las cuatro acusaciones particulares, y fija los testigos y peritos que definitivamente declararán en el juicio.

La magistrada, tras estudiarse los 84.405 folios que integran la denominada Operación Molinos, ha decidido aceptar un buen número de ellas pero ha rechazado otras tantas, entre las que se encuentran las declaraciones como testigos del expresidente del Gobierno de Aragón Marcelino Iglesias, el expresidente de las Cortes José Ángel Biel, el exconsejero de Industria Arturo Aliaga, el exconsejero de Obras Públicas en el Gobierno de Marcelino Iglesias Javier Velasco, o el secretario general técnico y viceconsejero del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Luis Marruedo.

Tampoco desfilarán por la sala del juicio, en calidad de testigos, el constructor y expropietario del Real Zaragoza Agapito Iglesias, el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, el exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco (actualmente los tres imputados en el caso Plaza)o el exconsejero de Obras Públicas y Urbanismo Alfonso Vicente. Todos estos fueron propuestos por la exalcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, y la juez no ve oportuno que testifiquen porque aunque ocupaban responsabilidades políticas cuando se produjeron los hechos investigados, considera que no tienen un conocimiento "directo y personal" de los mismos.

Por el contrario, sí que ha admitido la declaración del exconsejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, o de Julio Tejedor, exdirector de Urbanismo de la DGA, entre otros cargos públicos.

La juez de la Sección Primera tampoco ha admitido que se requiera a Cajalón la remisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad interiores y exteriores de la sucursal del Coso de Zaragoza correspondientes al 29 de septiembre de 2004, dado que entiende que no se conservarán dado el tiempo transcurrido.

En la causa sí que hay imágenes de cuatro cajas de seguridad de la misma entidad que estaban a nombre de tres imputados en la causa, la ex alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, el presidente de Aranade, Julián De Miguel, y el intermediario inmobiliario Carmelo Aured. La Policía pidió las imágenes de los días 17 y 20 de marzo de 2009 después de que registrara cuatro de ellas esperando encontrar dinero pero, para su sorpresa, las hallaron vacías. Dos de ellas mostraban señales de haber sido manipuladas en fechas recientes a ser abiertas, puesto que había huellas y señales de arrastre en el polvo posado. En teoría, según el libro de registros, aquellos depósitos no se habían tocado desde el 19 de junio de 2008. Cuando se visionaron las cintas, se comprobó que, al menos la caja 101, se había manipulado tres veces entre los días 18 y 20 de marzo. En concreto, el día 18 a las 11.11, y el día 20, a las 9.37 y a las 9.41. A través de un sistema mecanizado, la caja fue elevada a la zona reservada, y allí alguien la abrió tranquilamente.

Además, la magistrada admite un grueso número de pruebas documentales que se incorporarán a la ya voluminosa causa. Una vez comunicado el auto de admisión de pruebas y testigos, tan solo queda encontrar el emplazamiento más adecuado para celebrar la vista oral. El secretario de la Sección Primera visitó ayer las instalaciones de la Ciudad de la Justicia para conocerlas y decidir si tiene cabida en la llamada sala de macrojuicios o habrá que habilitar el salón de actos.

Hay que tener en cuenta que en el estrado deben sentarse los 41 imputados con sus respectivos abogados –algunos de ellos comparten la misma asistencia letrada–, así como las seis acusaciones, además del tribunal, obviamente. La fecha barajada es el mes de noviembre.