La crisis y el precio al alza de algunos servicios ha hecho proliferar en los últimos años el sistema de compra masiva entre consumidores y afectados. Ya sea en ámbitos como la luz o la telefonía, o creando nuevos planteamientos legales como las demandas colectivas para ahorrar tasas y ganar fuerza en procedimientos judiciales, algunas plataformas y organizaciones han fomentado estos puntos de encuentro cuyo último escalón se encuentra ahora en el mercado de carburantes.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) está detrás de la primera iniciativa de compra masiva de combustibles de España. Un modelo que fue anunciado por la organización a finales de marzo y que apenas mes y medio después -el plazo de inscripción finalizó el 12 de mayo- ha conseguido reunir el interés de más de 210.000 consumidores en todo el país, de los cuales 5.310 son particulares, autónomos o pymes de Aragón.

El objetivo principal con el que se lanzó esta campaña bajo el nombre de 'Quiero Pagar Menos Gasolina', es aunar al máximo número de consumidores finales para conseguir precios más económicos, denunciando que los precios de los carburantes sufren variaciones "que no siempre responden a la evolución de los precios del petróleo". Prueba de ello es la tendencia que ya denunciaron las organizaciones de consumidores a finales del año pasado, cuando el precio del crudo cayó a niveles históricos sin que este descenso se notara de igual manera en el que se encontraba en los surtidores.

La OCU, que ya promovió una campaña similar en el mercado de la electricidad, ha planteado para llevar a cabo este sistema reunir al máximo número de interesados a través de un formulario en internet abierto a todos los consumidores sin necesidad de que fueran socios suyos, pidiéndoles una estimación de su gasto y que fueran consumidores finales del producto. Ahora, con los volúmenes de compra estimados, la organización está negociando con las operadoras un descuento significativo, que al ser una gran cantidad aspira a conseguir un ahorro mínimo de 8 céntimos por litro, según el plan trazado.

Según los datos definitivos, la iniciativa cuenta con el interés de 4.131 consumidores en la provincia de Zaragoza, 781 en la de Huesca y 398 en la de Teruel. A nivel nacional, Madrid, Barcelona, Valencia, o Málaga han sido las provincias que más adheridos han tenido tras el cierre de las inscripciones, que ha sido calificado de “éxito” por la organización.

De finalizar la operación con éxito, los usuarios recibirán información explicándoles el descuento conseguido, que podrán llevar adelante si les convence o no mediante una tarjeta.

Reticencias desde las pequeñas gasolineras

Este sistema, no obstante, no ha sido recibido con los brazos abiertos por todo el sector. Las pequeñas gasolineras -no adheridas a una petrolera o con contrato de abanderamiento- ven con reticencias este modelo, que creen que pese a que persigue contrarrestar el oligopolio en la distribución de carburantes, puede favorecer justo lo contrario.

No en vano, la OCU necesita vender las cantidades reunidas a una red que tenga una implantación considerable en España para poder llegar a todos los socios potenciales, aunque tampoco descarta llegar a acuerdos con varias distribuidoras. Tomando como ejemplo un caso reciente, en Portugal, donde se dio una iniciativa similar, fue Cepsa la que se hizo con el paquete de venta.

“Pensamos que una idea así puede ser perjudicial para las pequeñas estaciones, que son las que peor lo han pasado durante la crisis en un sector que no ha parado de tender a la pérdida de calidad en el servicio”, explica Pilar Soto, presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón (AESAR) y dueña de una gasolinera en Zaragoza que da empleo a 17 personas. Soto entiende que si al final es una gran red la beneficiada, o aunque sean dos, las que queden al margen “pueden salir muy perjudicadas”. “Nosotros somos los primeros interesados en que el precio de los combustibles bajen, porque entonces la gente consume más, pero para el dueño de una gasolinera, esté asociado o no a una marca, los márgenes que quedan no son demasiados para bajar el precio si se quiere tener trabajadores atendiendo teniendo en cuenta que un 50% del precio de venta son impuestos”, señala.

En los últimos años, AESAR, que sobre todo integra a pequeños empresarios, ha denunciado también la irrupción de las llamadas gasolineras 'fantasma' o desatendidas, prohibidas desde hace escasos meses por el Gobierno de Aragón, “aunque no estamos seguros de que se esté cumpliendo al 100% la normativa”.

Nueva Ley de Hidrocarburos

Y en medio de este panorama, este sábado entró en vigor la nueva Ley de Hidrocarburos, una norma que también nace con el espíritu de ampliar la competencia en el sector -la CNMC ha emitido sanciones a las grandes distribuidoras por pactar precios- y que marca que una sola firma no pueda vender por sí sola más de un 30% de todo el combustible suministrado en una provincia.

Hasta ahora la ley fijaba en eun 30% también para el número de gasolineras de una misma operadora, pero las grandes distribuidoras tendían a desprenderse de las estaciones menos rentables para mantener las que más vendían, algo que ahora se pretende evitar. La norma, no obstante, no será puesta en marcha hasta el 1 de julio de 2016 para que el sector se reordene.