El sector ecológico aragonés espera que Europa retire una norma que "no contenta a nadie”

Cuestionado desde que comenzara a debatirse el verano pasado, el nuevo reglamento que prepara Bruselas en materia de producción y control de alimentos ecológicos no ha contentado a nadie.

La semana pasada los ministros de agricultura de la UE se levantaban de la mesa sin acuerdo postergando cualquier decisión a una nueva reunión en el mes de junio. Una falta de consenso alertada desde el principio por los productores que ven en la nueva norma que quiere impulsar la Unión medidas “poco realistas” y que pueden frenar la expansión de un sector cuyo crecimiento en consumo e interés ha mejorado exponencialmente, pero que en Aragón lleva estancado varios años.

Los principales escollos en la negociación europea se centran en los controles sobre las producciones o qué hacer cuando se detecte la presencia de restos de pesticidas, además de la posible prohibición de las explotaciones en las que conviven la agricultura convencional con la ecológica, una de las medidas que más controversia causó desde el comienzo en Aragón, ya que esta circunstancia se da en aproximadamente el 50% de los casos.

“La mejor noticia que nos podrían dar es que se retire”, explica José Miguel Sanz, productor y presidente del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE), el organismo que se encarga de gestionar y controlar los productos agroalimentarios acogidos al método de producción ecológica en la Comunidad.

En opinión de Sanz, resulta “vergonzoso” que en Europa se centre el debate en fijar un umbral sobre qué cantidad de sustancias no permitidas en agricultura ecológica -como plaguicidas o fitosanitarios- puede contener un producto para seguir siendo considerado cien por cien orgánico. Algo que se da en ocasiones debido a la contaminación de los productos por la cercanía de explotaciones convencionales o de cultivos transgénicos. “El debate no tendría que ser ese, sino plantear medidas de control eficaces. Porque cuando se produce una contaminación el que lo paga al no obtener la calificación es el agricultor ecológico”, señala Sanz.

La última propuesta puesta encima de la mesa desde Bruselas en este aspecto fue explicada la semana pasada por el consejero de Agricultura Modesto Lobón, quien acompañó a la ministra del ramo Isabel García Tejerina al Consejo de Ministros de la UE.

“La nueva propuesta refleja tres umbrales. El primero de ellos es que si se da una sustancia no permitida en un producto ecológico y esta está por debajo de 0,01 miligramos por kilo, se concluirá que no existe. Si, en cambio, está por encima de 0’01 mg/kg, pero por debajo del 15% del límite de esta sustancia admitida en un producto no ecológico, entonces se investigará. Esto es, se estudiará si la situación se ha debido a causas de contaminación difusa o si ha sido culpa del productor”, señaló el Consejero, que en el mismo encuentro también mostró su disconformidad con otro de los asuntos a tratar, la cantidad y características de los controles que debía haber sobre los agricultores.

Según el último borrador propuesto desde la presidencia del Consejo (actualmente en posesión de Letonia) cada estado miembro tendría capacidad de poner más o menos controles partiendo de un mínimo, algo que no defiende el consejero aragonés al entender que “debería haber una uniformidad en todos los estados”.

Miedo a perder “la garantía ecológica” ante los consumidores

Pese a estar de acuerdo con el posicionamiento de la DGA en lo que respecta a la uniformidad, desde el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica se señala que de entrar en vigor la norma tal y como se plantea “se produciría un retroceso en la calidad y la esencia” de este método de cultivo.

“Si abrimos la mano a que se permitan umbrales de tolerancia más amplios, aunque sigan siendo mínimos, de sustancias que no son permitidas en la agricultura que defendemos nos estaremos fallando a nosotros mismos, porque hay que reclamar que se solucione el problema de las contaminaciones, no regularlo, y también estaremos fallando al consumidor. ¿O cómo va a reaccionar un consumidor ecológico si sabe que los productos que llevan el sello pueden contener, aunque sea en trazas, productos químicos que precisamente quiere evitar?”, se pregunta Sanz.

Un mercado en expansión aunque con una producción estancada

Con todo, la problemática es difícil de atajar. Otra de las disposiciones iniciales de la normativa -que parece que finalmente se acabará dejando a un lado- es la prohibición de las explotaciones mixtas, es decir, aquellas en las que conviven la agricultura convencional con la ecológica, un método que se da en más de la mitad de las 700 explotaciones ecológicas aragonesas. “Es difícil en Aragón mantener una explotación únicamente ecológica precisamente porque se suelen producir contaminaciones, por lo que muchos productores optan por mantener los dos cultivos”, señala el presidente del CAAE.

Ante este y otros problemas, el sector denuncia que en Aragón se está perdiendo parte de la potencialidad que había en este campo, donde los alimentos calificados como ecológicos cada vez ganan más interés por parte del consumidor. No en vano, la comunidad cuenta ahora con algo menos de 60.000 hectáreas de este tipo (apenas el 3% del total nacional), casi 10.000 menos que hace tres años, y su número tampoco se amplió durante 2014.