El Tribunal de Cuentas investiga 8 informes de la Cámara sobre la gestión de diversas instituciones

Enjuiciamiento abre diligencias por un posible delito contable en varios asuntos de la DGA, Universidad y DPT.

El Tribunal de Cuentas investiga ocho informes de la Cámara de Cuentas sobre la gestión de la DGA (en 2010 y 2011), de la Universidad de Zaragoza, de la Diputación de Teruel, de las comarcas y de ayuntamientos de municipios aragoneses de más de 8.000 habitantes. Según la memoria del organismo autonómico de 2014, la sección de enjuiciamiento del Tribunal ha abierto diligencias preliminares sobre irregularidades detectadas por el órgano aragonés y que podrían derivar en un posible delito contable (la pena es la devolución de los fondos afectados) en cuatro informes de la DGA, uno de la Universidad, uno de la DPT, otro de las comarcas y otro de los municipios de más de 8.000 habitantes.


En el caso de la gestión del Gobierno de Aragón, la sección de enjuiciamiento analiza tanto la cuenta general de los dos años citados como los contratos y subvenciones de 2011. En dos casos ya se ha nombrado incluso un instructor. Se trata de un asunto relacionado con la gestión de la plataforma logística de Zaragoza, Plaza, y otro de educación. No obstante, desde la Cámara no aclararon cuáles son las cuestiones concretas de los informes en los que el Tribunal de Cuentas ha visto indicios de responsabilidad contable.


En su informe de 2011 sobre la gestión del Gobierno de Aragón, el organismo autonómico detectó 180 millones de euros de facturas en los cajones y una presupuestación de 412 millones en ingresos "de forma irreal y sin control". Durante ese año de transición por las elecciones hubo dos gobiernos: la mitad del año fue gestionado por el Ejecutivo PSOE-PAR y la otra mitad por el PP. En dicho dictamen, advirtió también del desvío de partidas –como el Plan Miner– para pagar facturas sanitarias o de la entrega de parcelas para saldar deudas de Plaza. En este informe también se reveló "un exceso" en la indemnización al exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril. En concreto, lo cuantificaba en 30.000 euros.


La fiscalización también se centró en los contratos firmados por el Ejecutivo autonómico en 2011. Entre las numerosas irregularidades detectadas, destaca el transporte de dependientes(10 millones). Apuntó que se encareció 971.000 euros porque el presupuesto se calculó con una demanda de 260 personas cuando la real es de 99. Motorland, un contrato de patrocinio al CAI Basket o servicios extras en el Salud que no se pueden identificar son otras de las cuestiones que se plasmaron en el informe.


18 millones a dedo


Las subvenciones autonómicas fueron otro de los focos de irregularidades en 2011: se dieron a dedo más de 18 millones en ayudas. El Instituto Aragonés de Fomento gestionó 14,9 "sin libre concurrencia, transparencia y objetividad". Se destinaron subvenciones a pagar dietas en la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y el Fondo de Inversiones de Teruel se repartió "de forma directa sin dar publicidad en el Boletín Oficial de Aragón".


Precisamente, el reparto de ayudas irregulares es otro de los asuntos que detectó la Cámara de Cuentas en su informe sobre la gestión de la Diputación Provincial de Teruel (DPT). En concreto, señaló que la Presidencia de la institución "no puede repartir subvenciones a municipios" y que se conceden sin ajustarse a los criterios. En contratación, advirtió del fraccionamiento para evitar la publicidad, pliegos sin presupuesto de licitación y una veintena de servicios que se reciben sin soporte contractual.


El personal fue uno de los asuntos que centró el dictamen sobre la Universidad de Zaragoza de 2011 y, en concreto, la contratación de interinos sin cumplirse su carácter temporal. Respecto a la auditoría de las comarcas de 2011, la Cámara de Cuentas reveló que estas administraciones concedieron nueve de cada diez subvenciones sin informe de valoración y que abusaron de los procedimientos de urgencia y sin publicidad para contratar servicios.