Si siempre fue una materia con relativo peso en los programas electorales, la crisis ha catapultado a la vivienda a la primera fila de la agenda política de los distintos partidos para el 24-M. El drama de los desahucios, que ha dejado en la calle a miles de familias en los últimos años, es la cara más amarga de la ‘tormenta perfecta’ en la que navega el sector desde que pinchara la burbuja, y a él tratan de plantar cara, desde sus distintos prismas, todas las formaciones con sus propuestas. Moratorias, dación en pago (incluso retroactiva) y hasta expropiaciones temporales a los bancos conforman el puzle en busca de una solución.

Solo en los dos últimos años, se han producido en Aragón 3.523 desahucios. De ellos, 1.433 se han debido a ejecuciones hipotecarias, mientras 1.941 a impago de alquileres. La Comunidad ha sido una de las pocas en las que han crecido las ejecuciones a lo largo de 2014 (un 3,8%). Discretos resultados ha tenido también el acuerdo de colaboración entre la DGA, la Federación de Municipios y Comarcas y el Consejo General del Poder Judicial, para realojar a las familias llegado el momento, debido a los criterios «excluyentes» marcados por la ley estatal.

Mientras, la administración sigue sin ser capaz de dar respuesta a la demanda creciente de vivienda social. La oferta continúa siendo a todas luces insuficiente. Pese a los convenios firmados con distintas entidades financieras, incluida la Sareb, y con particulares, el parque público autonómico se limita a apenas 680 pisos en todo Aragón. Con todo ello, la lista de espera, reconocida por la propia DGA, supera las 1.800 personas. Una cifra que otros colectivos, como Stop Desahucios, elevan aún más.

Además de provocar esta emergencia social, la crisis ha tenido un impacto tremendo en el sector del ladrillo. Tras años de un crecimiento imparable, la vivienda protegida ha desaparecido prácticamente del mapa, a la par que la libre veía caer sus precios hasta prácticamente igualarse. Sin crédito disponible y sin compradores dispuestos a hipotecarse, la construcción se ha frenado en seco. Las licencias concedidas han mermado año a año hasta quedarse en cifras que suponen una octava parte de lo que se construía en Aragón en 2008. En 2014, en la capital aragonesa apenas se autorizaron obras para 525 pisos. Tras el desplome, la recuperación no acaba de plasmarse en un repunte notable, si bien en este arranque de año se han dado permisos para 418.

De forma paralela a las licencias, han caído también los precios. En los años más duros de la crisis, como 2012 o 2013, llegaron a bajar hasta un 14%. La corrección total oscila entre un 30 y un 50%. Una vez los bancos han eliminado casi todo su ‘stock’ de pisos vendibles, el sector confía en que vuelva a ofertarse crédito y ya se haya tocado suelo. Como muestra, la tímida subida que experimentó la vivienda en el último trimestre del año pasado. Apenas un 0,1%, el primer dato en positivo desde el inicio de la crisis, que hace recuperar poco a poco el optimismo. No obstante, no se esperan por el momento crecimientos de dos dígitos, como antaño.

El mercado comienza a moverse tímidamente, pero lo hace sobre todo en vivienda de segunda mano. Un fenómeno que tiene ya su traslación en el diseño de políticas. Del urbanismo expansivo de la época de la burbuja se está pasando, poco a poco, a uno de rehabilitación. De hecho, los planes de vivienda de las distintas administraciones apuntan ya a ese camino. De la propiedad, al alquiler, y de la nueva construcción, a la recuperación y adecuación de pisos antiguos en la ciudad consolidada.

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