... Pero el Gobierno de Aragón insiste en que las demandas no paralizarán la licitación

Asegura que el proceso continuará con normalidad y en 7 días se conocerá la empresa adjudicataria.

Recreación virtual del futuro hospital de Alcañiz, que se levantará en el paraje Cantagallos.
Recreación virtual del futuro hospital de Alcañiz, que se levantará en el paraje Cantagallos.
Heraldo

El Servicio Aragonés de Salud continuará con normalidad el proceso de licitación de la concesión de obra pública del futuro hospital de Alcañiz (Teruel) y se espera que la próxima semana se conozca la empresa adjudicataria.


Así lo ha asegurado el Gobierno de Aragón en un comunicado en respuesta a la información del colectivo Marea Blanca en el que anunciaba que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza han admitido a trámite los recursos para la suspensión cautelar del proceso de licitación de la construcción del hospital de Alcañiz. 


Recuerdan que en marzo de este año el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) rechazó los cuatro recursos especiales interpuestos contra los pliegos para licitar la construcción del nuevo Hospital de Alcañiz (Teruel).


Además, los pliegos han sido ya informados de forma favorable por la Intervención General del Estado (IGAE) conforme a las normas del Eurostat (Statistical Office of the European Communities, Oficina Europea de Estadística) de forma que este gasto no computará como deuda de la Comunidad de Aragón.


El Ejecutivo resalta además que a este proceso de licitación solo se han presentado empresas "constructoras", lo que a su juicio demuestra que la asistencia sanitaria "será pública, gratuita y gestionada por el Servicio Aragonés de Salud".


Por medio del comunicado, el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, ha apuntado que en 2007, "cuando se puso sobre el papel por el anterior gobierno" era el momento de haberlo construido porque "se daban las circunstancias a todos los niveles, económicas, de tesorería, normativas y legislativas para haberlo construido".


Ahora, en cambio, existen "unos corsés a nivel de gasto" que impiden tomar determinadas medidas: "Las fórmulas son las que son y la única en estos momentos barajable es la que hemos acometido para el hospital de Alcañiz", ha señalado.


Reitera nuevamente que no se trata de privatizar la gestión del hospital sino que "una entidad acometerá y financiará la obra, además de gestionar, al igual que en todos los hospitales, una serie de servicios no clínicos".


De esta manera, el Servicio Aragonés de Salud pagará una cantidad anual, por una parte en concepto de utilización de un edificio que en el futuro pasará a este organismo y por otra en concepto de pago de los servicios no clínicos que gestione o explote esta empresa.


Explica que todas las personas que trabajan ahora en el hospital de Alcañiz pasarán al nuevo centro "a hacer exactamente lo mismo, en mejores condiciones obviamente".


"Los argumentos utilizados de privatizar la sanidad son totalmente falsos y se quiere confundir los términos mezclando modelos de Alcira (Valencia) y de Madrid con el de Alcañiz, que no tiene absolutamente nada que ver" ha reprochado a los colectivos denunciantes.


Y es que la asistencia sanitaria será prestada directamente por los profesionales del Servicio Aragonés de Salud. Además, todos los servicios no clínicos, a excepción de la restauración y parte del mantenimiento, ya están externalizados.


La titularidad del hospital no deja de ser pública y al final del periodo de concesión, el edificio y sus instalaciones revierten en la administraicón.

Respecto a la fórmula elegida de concesión de obra pública, Oliván destaca como ventajas que resuelve la financiación, la explotación y el mantenimiento de la infraestructura.


Además, añade, traslada los riesgos más importantes (construcción, desviaciones de obra) del proyecto fuera de la Administración, se beneficia de la especialización y economías de escala que puede aportar el sector privado y se produce un menor impacto en las cuentas públicas durante el periodo de construcción.