Si cada año el mapa minero aragonés se reduce más -en 2014 se certificó el cierre de la mina de Mequinenza-, 2015 se presenta como una auténtica encrucijada para el carbón de la Comunidad, tanto para las empresas que continúan extrayendo mineral, como para la central de Andorra, que a la postre les da la garantía de seguir trabajando.

Los principales sindicatos -Fitag UGT y CC.OO.- se han vuelto a unir para pedir al Ministerio de Industria una reunión “de urgencia” que clarifique la disyuntiva en la que está envuelto el sector, después de que este año finalice el modelo de ayudas vigente sin que esté aprobado el nuevo mecanismo, que incentivará la compra de carbón autóctono por la realización de inversiones y mejoras medioambientales en las centrales.

Y todo ello en dentro de un marco en el cual, por medio de una directiva europea sobre emisiones contaminantes, centrales térmicas como la de Andorra deberán remodelarse a partir de 2016 para continuar en funcionamiento más allá del año 2023. Una inversión que se presupone que superará los 200 millones de euros y que alargaría la vida de la central al menos dos décadas más, pero que Endesa tiene de plazo para aprobar y comunicar hasta el 30 de septiembre de este año.

De no hacerlo -y ahí entran en juego los incentivos que proponga el Gobierno- Andorra tendrá una fecha de caducidad marcada en el calendario, lo que preocupa tanto a sus 180 trabajadores actuales como a los colectivos de la comarca, que no ven ninguna actividad que pueda absorber ni estos puestos de empleo directos ni los más de 150 indirectos que promueve la planta.

“Ahora mismo todo es incertidumbre. Endesa tiene un plazo de decisión que ya conoce todo el mundo, y lo que necesitamos es que el Ministerio deje clara las pautas que va a seguir. Según los borradores que ha mandado con el mecanismo de incentivos que plantea no se garantizaría ni el 40% de la inversión necesaria. Lo que a cinco meses para comunicar si la central se adapta a la normativa o no, y con el verano y las elecciones de por medio, parece un plazo insuficiente que necesita respuestas inmediatas”, reclama Hilario Mombiela, presidente del comité de empresa de la central de Andorra.

Así, con el calendario en una mano, los sindicatos han solicitado al Ministerio una reunión antes del próximo día 8 para evitar que, de posponerse, pueda interferir la campaña electoral. De no realizarse antes o no recibir notificación alguna, señalan los sindicatos, se convocaran manifestaciones en las zonas afectadas.De toneladas a termias

Y es que, según las organizaciones de trabajadores, “el Ministerio se ha dedicado en las últimas propuestas planteadas a buscar la confusión en el sector”. Como prueba de ello argumentan que en el nuevo marco en el que se establece la cantidad de carbón nacional que tienen que comprar las eléctricas, el Gobierno ha cambiado la unidad de medida de la hulla a colocar de toneladas a termias -es decir, de unidad de masa a medirse por la capacidad energética del carbón-, lo que ha descolocado las previsiones de las empresas, que han visto como las cantidades asignadas se han reducido a la mitad con respecto al año pasado, cuando, pese a que las cantidades ya estaban asignadas, las carboníferas aragonesas solo vendieron finalmente un 60% de su producción.

“Lo que realmente hace falta es un plan nacional de la energía que deje muy claro durante los próximos años qué porcentaje de la producción va a tener el carbón... las renovables... la nuclear. Porque lo que más daño hace tanto a las empresas como a los trabajadores es la incertidumbre a la que continuamente nos lleva este Gobierno, que se ha cargado el peso en el mix energético del carbón, pero que también ha desmantelado las renovables” asevera Mombiela, que espera que Andorra reciba buenas noticias de aquí al final del verano para que la comarca pueda replantearse en mejor forma, sin la fecha límite del 2023, nuevas alternativas para la creación de empleo.