Casi 400 aragoneses menores de 14 años se libraron de una condena por su edad

El reciente caso del niño que, armado con una ballesta, sembró el pánico en un colegio barcelonés y acabó con la vida de un profesor, ha reabierto el debate sobre la eficacia de la Ley del Menor y de los servicios de orientación y prevención. En el primer caso, la mayoría de los expertos y profesionales defienden el actual texto legal. En el segundo, en cambio, se sigue reclamando una mayor dotación de educadores sociales en las aulas para identificar y prevenir los casos más tempranos de delincuencia.

En la mayoría de las ocasiones se trata de gamberradas, como insultos, pequeñas peleas, daños a la propiedad... Los sucesos de la semana pasada en la ciudad condal son la excepción. Aún así, según su memoria anual de 2014, la Fiscalía de Menores archivó en Aragón durante el último año un total de 391 diligencias abiertas contra menores de 14 años por inimputables (288 en la provincia de Zaragoza, 69 en la de Huesca y 34 en la de Teruel).

Muchos de ellos, además, relacionados con las nuevas tecnologías. “Se dan casos de amenazas a través de redes sociales, o grabaciones de imágenes inadecuadas y su difusión, que muchas veces no saben ni que supone un delito”, explica Antonio Balsa, vicepresidente del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Aragón (CEES).

A su juicio, “la ley actual es bastante buena, y la edad de 14 años la adecuada” frente a otras legislaciones europeas que se suelen poner de ejemplo como la francesa (13 años) o la británica (10 años). Además, Aragón cuenta con un sistema pionero y copiado por otras comunidades de atención a menores, gestionado por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que incluye al Equipo educativo para Menores de Catorce (EMCA).

Balsa explica que esta unidad “hace una gran labor preventiva” mediante charlas informativas ya que “muchos menores no son conscientes de que están cometiendo un delito”, como por ejemplo con los citados casos de divulgación de imágenes a través de internet o en casos de 'bullying' (acoso escolar).

En cualquier caso, el Gobierno central, a través de la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha asegurado que rebajar la edad de responsabilidad penal de los menores para que en sucesos como el registrado en Barcelona se puedan imputar delitos a quienes no han cumplido los 14 años "no está encima de la mesa". En cambio, apuesta por “trabajar por la sensibilización, trabajar por que estos hechos no ocurran y no se sigan produciendo situaciones de violencia”.

Intervenciones

Sin embargo, los delitos se siguen registrando. Y ahí es donde entra en juego la labor de las intervenciones de los equipos educativos. Antonio Balsa, miembro de uno de ellos, explica que en muchos casos, simplemente con “sentarle a hablar con la víctima da muy buenos resultados y poca reincidencia”.

Además, se hacen seguimientos completos para diagnosticar las posibles causas del mal comportamiento del menor: si por ejemplo hace falta intervención psiquiátrica, o si hay que “dar un toque de atención” a su familia por una carencia de atención y educación al joven en el hogar.

Ante el caso de Barcelona, la Sociedad de Pediatría Social (SEPS) y la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) expresaron que en este tipo de situaciones "hay circunstancias atribuibles más a las condiciones sociales y económicas" en las que viven los menores, que a su condición de niños, y que, por tanto, estos casos "requieren de un tratamiento orientado a cada situación concreta".

Según los datos que maneja la Fiscalía, los menores de 18 años -no se especifican los de menores de 14-, cometieron solo en la provincia de Zaragoza 713 faltas contra el patrimonio o contra las personas, y 781 delitos. En este último caso, la mayoría de las infracciones hacen referencia a robos (397).