La Expo mantiene cerrada la Torre del Agua, que costó 53 millones, por ahorrarse el IBI
Su declaración como bien de interés cultural exime del abono del recibo, de 133.000 euros, si no se hace un uso lucrativo del inmueble.
La sociedad pública aparcó una oferta para explotar la última planta como restaurante.
La realidad es que el edificio no recibe ni siquiera visitas desde que en octubre del año pasado dejaran de organizarlas los socios de la asociación Legado Expo. Y lejos queda ya la presentación europea del último Volkswagen Golf, para la que la multinacional alemana contrató en 2012 la Torre del Agua, además del Pabellón Puente y el Palacio de Congresos.
La situación ha llegado hasta el punto de que el gerente de Expo Zaragoza Empresarial, Jesús Andreu, ha aparcado una oferta para explotar la última planta de la Torre del Agua como un restaurante-mirador, según confirmaron ayer fuentes conocedoras de la negociación. Andreu hizo números y llegó a una sencilla conclusión: no le compensaba desde el punto de vista económico alquilar este espacio y cobrar un canon porque, ni de lejos, podría igualar el recibo del IBI. "Oficialmente, no ha llegado una propuesta oficial en firme", se limitó a responder la sociedad pública para evitar reconocer los contactos para explotar la última planta. "No vamos a desvelarlos", apostillaron.
Desde Expo Empresarial reconocieron que la explotación del icono vertical del recinto de Ranillas es complicada por su propia estructura, por lo que reclamaron oficialmente el pasado 17 de octubre la exención del pago del impuesto porque no iba a albergar ningún tipo de actividad económica. Para ello, se acogieron a la ley de Haciendas Locales, que en su artículo 62.2 establece el régimen de exenciones.
El Ayuntamiento, lejos de asumir la petición de la sociedad pública, ha girado el recibo del IBI correspondiente al ejercicio de 2015, cuya impugnación aprobó la semana pasada el consejo de administración de la Expo. El servicio municipal de Gestión Tributaria del Ayuntamiento considera que, en el caso de la Torre del Agua y del Pabellón Puente, corresponde una reducción de la cuota y no la exención total. Y, por tanto, se reclama el pago de unos 177.000 euros en vez de los más de 392.000 euros que le tocaría desembolsar a la sociedad pública si no hubiera decidido la DGA declararlos como BIC a mediados del año pasado.
Esa catalogación afecta igualmente a los pabellones de Aragón y de España y al Palacio de Congresos, a los que les corresponde el pago de 368.570 euros. Los dos primeros edificios están cerrados desde la Expo y no tienen ningún tipo de actividad, mientras el último organiza todo tipo de actos. También se incluyó al hotel Hiberus, que sí paga. La decisión de la DGAde proteger los edificios, con el consiguiente ahorro de impuestos, está recurrida desde octubre por la vía de lo contencioso-administrativo por el Ayuntamiento.
El litigio por el IBI no es el único entre las partes. La sociedad pública también acordó la semana pasada instar la ejecución de la sentencia para cobrar los siete millones de euros por la ejecución de las obras del Balcón de San Lázaro que le encomendó el Ayuntamiento. Lo ha hecho tras conocer que ha ingresado el dinero por parte del Gobierno central y esperar desde hace seis meses a que se le aclare qué deudas pretende compensar el equipo municipal. El Ayuntamiento también exige otras deudas, como los 25 millones del tranvía.
