El polígono de las harineras está bloqueado siete años después del convenio urbanístico

Los peores temores se han confirmado y siete años después de que el Ayuntamiento de Huesca firmara con los propietarios del terreno un convenio para construir más de 1.300 viviendas en el centro de la ciudad, el polígono de las harineras está bloqueado y sin visos de solución a medio plazo. El acuerdo se rubricó en abril de 2008, justo el día en que se cumplía el tercer aniversario del trágico suceso que costó la vida a cinco personas y dejó heridas a otras catorce. Fue el 14 de abril de 2005 cuando se produjo una explosión en uno de los silos de la Harinas Porta, ya desaparecida del paisaje urbano oscense.

Hace un año que tendrían que haber empezado las obras de urbanización de la mayor bolsa de suelo que hay en este momento en Huesca, pero todo quedó parado a finales de 2012, cuando la junta de compensación, integrada por los dueños de las distintas parcelas, rechazó el proyecto presentado para repartir las cargas y los beneficios. Había llegado el momento de pagar y de cobrar por lo que cada uno tenía y eran muchos a poner y pocos a recibir.

Es uno de los problemas que heredará la corporación municipal que salga de las urnas el próximo 24 de mayo porque lleva años enquistado y cualquier solución que se busca es complicada. Sacar adelante este suelo cuesta 50 millones de euros, 20 para la urbanización y 30 para indemnizar a las harineras que funcionaban aquí hasta su derribo en 2011 y a otras empresas que operan en las naves que aún existen.

En los últimos meses, la alcaldesa, Ana Alós, se ha reunido con cada una de las partes propietarias de estas 8 hectáreas entre la avenida de Martínez de Velasco y la ronda de la Estación y las calles de Gil Cávez y Almudévar. "El Ayuntamiento está dispuesto a seguir negociando, trabajando en lo que esté en nuestra mano para avanzar en la gestión urbanística del polígono", comentó ayer Alós. En su opinión, "hay margen de maniobra para que los propietarios negocien".

Establecer las reglas de esta negociación es complicado porque los compromisos de todos ya quedaron fijados en el convenio que se firmó en 2008, tras cinco años de conversaciones. Las propuestas que los interlocutores han planteado siete años después pasan por rebajar los costes de urbanización, desarrollar el polígono en unidades más pequeñas y por fases y pagar la indemnizaciones en especie, es decir en pisos de los que se construyan ahí.

Esta última solución podría tal vez haberse aceptado antes de 2008, cuando los pisos se vendían como rosquillas, pero pocos se arriesgarían a cobrar 11,3 y 15,6 millones (las indemnizaciones a cada una de las harineras) en metros cuadrados construidos. Para afrontar los pagos y obtener beneficios, los promotores tendrían que vender los pisos de las harineras a 3.000 euros el metro cuadrado. La urbanización repercute 150.000 € por vivienda, según dijo José Buil, nuevo presidente de la junta de compensación.

Buil, propietario del 12,7% del suelo de polígono, manifestó que hace solo unas semanas que asumió la presidencia de esta entidad y que está recopilando información para ponerse al día. Según la alcaldesa, parece que "empieza a haber disposición para poder trabajar, para buscar cómo el plan urbanístico puede ser más viable y acorde a la realidad actual".

Lo que está descartado es acudir a otros sistemas de gestión, como el agente urbanizador, que un tercero compre el polígono y construya. "Es difícil encontrar a alguien que venga a invertir tanto a este polígono o cualquier otro", señaló Alós. Tampoco se contempla la expropiación "porque no tenemos capacidad económica" y el sistema de cooperación (el Ayuntamiento urbaniza y después cobra a los propietarios) sería muy difícil de sacar adelante. "Hay empresas en concurso de acreedores y la cuotas de urbanización se podrían pasar de forma previa, pero tal vez no se cobraran y no se puede asumir ese riesgo", añadió la alcaldesa.

A las complicaciones para desarrollar el polígono en medio de una crisis económica se han sumado las judiciales. El polígono está en distintos tribunales a los que los propietarios acuden para defender sus intereses. Harinas Porta tiene dos causas en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Reclama que la indemnización por el derribo de su fábrica se le reconozca desde el momento en que las instalaciones se demolieron y no desde el momento en que se apruebe el proyecto de reparcelación ahora bloqueado. Esto supondría añadir intereses a los 11,3 millones.

Con el otro pleito se pide que se haga responsable al Ayuntamiento de esta situación por no tomar medidas que garanticen la continuidad del proceso urbanístico. "Estos procedimientos pueden ser lentos, pero no eternos", comentó el abogado Ángel Aguirre. "No puedo estar condenado a que no me indemnicen hasta que no se apruebe la reparcelación y esta no se aprobará hasta que el 50% de la junta vote para que esto se tramite", apostilló.