La DGA escolariza por orden judicial a un niño que se quedó sin plaza pública en Jaca
Los padres han recurrido el fallo a favor de Educación y esta es la medida mientras se resuelve.
Todavía no ha terminado el proceso judicial, que puede durar un par de años, pero por el momento, la familia del único niño que no tenía plaza de 1º de Infantil en un colegio público de Jaca ha logrado que lo admitieran a estas alturas del curso como medida cautelar mientras se resuelve el fondo del asunto. Ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Aragón el que ha obligado a la administración educativa a escolarizar a los menores que quedaron sin plaza que, aunque al principio del proceso eran cinco, ahora únicamente es el hijo de Gemma Castillo, ya que el resto se han ido ocupando vacantes gracias a las bajas de otros alumnos.
Eder se incorporó al colegio público San Juan de la Peña el pasado 7 de abril en cumplimiento de las medidas cautelares y hasta esa fecha asistía a las clases del colegio de Santa Cilia de Jaca, localidad situada a 15 kilómetros, ya que la única alternativa que quedaba en la capital jacetana era el colegio concertado Escuelas Pías. La familia lamenta las decisiones "sectarias e injustas" adoptadas por el director provincial de Educación, José María Cabello, y la consejera Dolores Serrat, ya que en ningún momento aceptaron sus peticiones de abrir una tercera vía en San Juan de la Peña y las únicas opciones que les dieron fue el centro concertado o acudir a los tribunales.
Ahora Eder se ha adaptado perfectamente a las aulas con sus nuevos compañeros y los padres se muestran contentos con esta primera batalla ganada "que sienta un importante antecedente que esperamos se vea ratificado en la futura sentencia del mismo Tribunal en relación con el fondo del asunto y que esperamos cambie la actitud del departamento de Educación en el respeto a los derechos fundamentales de los padres a la hora de elegir para sus hijos una educación pública aconfesional". Dicha sentencia, del 26 de febrero dictada por el juzgado contencioso administrativo número 1 de Huesca, da la razón a la DGA, pero la familia ya la ha recurrido.
