Patrick es un menor benasqués de 13 años que pese a que al nacer se le asignó sexo femenino en función de sus genitales, siempre se ha sentido niño y de hecho el año pasado inició un tratamiento con bloqueadores hormonales para frenar el desarrollo de la pubertad en adolescentes transexuales. Pero esa identidad, que ya se refleja desde hace años en los boletines de notas de su colegio, no podrá hacerla constar en su DNI ni en otros documentos oficiales ya que la Audiencia de Huesca le ha denegado cambiar el nombre de chica con el que está inscrito en el Registro Civil.

Natalia Aventín, la madre de Patrick y presidenta de la Asociación de Familias de Menores Transexuales Chrysallis, lamenta el fallo judicial y recuerda que en España 14 menores han visto concedido en los últimos meses el cambio de nombre, la mayoría de los que lo han solicitado. La última fue una niña de 9 años de Lugo. "Ahora todo depende de la voluntad y de la interpretación del juez responsable del Registro Civil. Y estamos luchando para que haya un cambio de ley y deje de ser una cuestión arbitraria y personal como ahora", denuncia.

Los padres de Patrick intentaron tramitar un cambio de nombre a través de un expediente gubernativo en el Registro Civil de Benasque, "pero cuando fuimos a pedir cita, ya nos dijo la jueza que no nos lo iba a conceder". Por ello, decidieron acudir a la justicia ordinaria y presentaron una demanda ante el Juzgado de Huesca, que el 5 de enero fue rechazada. Sin embargo, no cejaron en su empeño y apelaron a la Audiencia.

En su demanda, solicitaron que se rectificase la inscripción de nacimiento de su hijo en el Registro Civil para que figurase en ella el sexo de ‘hombre’ en lugar del de ‘mujer’ y el nombre de Patrick. La Fiscalía, sin embargo, se opuso.

En su sentencia, la Audiencia Provincial indica que los argumentos expuestos por los padres del menor "no son suficientes" para prescindir de uno de los requisitos que establece la ley que regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, que obliga a que la persona que solicite ese cambio sea mayor de edad. Los magistrados insisten en que aun tomando en consideración los derechos fundamentales del respeto a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, así como los derechos del menor a su desarrollo, "no se niega la rectificación de la mención registral del sexo, sino la legitimación de los padres del menor en su representación y del propio interesado antes de alcanzar la mayoría de edad".

Además, el fallo señala que, tal y como defendió el fiscal, tampoco se cumple el requisito de que el demandante lleve al menos dos años en tratamiento médico "para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado", puesto que Patrick lo inició en julio de 2014.

Natalia Aventín explica que algunas de las autorizaciones favorables a un cambio de nombre se han debido a una interpretación favorable del artículo 54 de la ley, que prohíbe "los nombres que objetivamente perjudiquen a la persona, los que hagan confusa la identificación y los que induzcan a error en cuanto al sexo". "Hay jueces que interpretan que el sexo es el que tú sientes, no el que te adjudican al nacer, y por tanto consideran que tienen derecho a ese cambio de nombre. Y mi hijo siempre se ha sentido niño aunque al nacer pensáramos que era una niña. Por eso, tener un nombre femenino sí que va contra su dignidad y produce confusión en cuanto al sexo", subraya la madre.

Critica las "preguntas, burlas y silencios" a los que se enfrentan estos menores en situaciones de la vida cotidiana como ir al médico y que les llamen por el nombre que aparece en su tarjeta sanitaria, identificarse con el bonobús o presentar el DNI en un viaje de estudios. "Pudiendo evitarles ese sufrimiento, es muy cruel que no haya una manera de conseguirlo y por eso estamos luchando", dice.

Aventín valora que recientemente las Cortes de Aragón aprobaran por unanimidad instar al ejecutivo autonómico a promover una ley que reconozca los derechos de las personas transexuales como recibir tratamiento hormonal, como ya ocurre en otras comunidades. En su caso, la DGA sí le está pagando la medicación, pero lamenta que no exista un protocolo regulado. "Parece que vamos mendigando favores", dice.