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Dos policías relatan que fueron atacados con adoquines tras el concierto neonazi

Dos funcionarios de antidisturbios declaran por los incidentes originados en Las Fuentes después de un acto en una casa ocupada por ultras.

Dos policías nacionales que formaban parte del dispositivo que se desplegó en la calle de Compromiso de Caspe durante la celebración de un concierto neonazi en una casa ocupada declararon ayer ante el juez por los incidentes acaecidos tras el evento, que derivaron en la detención de diez jóvenes antifascistas. Dos de ellos permanecen en prisión como presuntos autores de delitos de daños, lesiones, atentado a la autoridad y desórdenes.

En su declaración, uno de los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción, dijo que recibió el golpe de un adoquín en el casco, que le causó lesiones en el cuello. Aseguró que la piedra procedía del grupo de jóvenes antifascistas que acudieron al término del concierto y que no medió provocación por parte de los neonazis, aunque admitió que estos vociferaban consignas contra los otros desde el interior del edificio. Este agente fue uno de los que requisó una patata con clavos a uno de los arrestados. No obstante, al ser interrogado sobre por qué este extremo no figuraba en el atestado, dijo que fue porque esa noche ocurrieron "muchas cosas". A preguntas de letrado Ramón Campos, aseguró que reconocería a los arrestados por haber participado en las detenciones, pero no por haberles visto cometer acciones concretas.

El otro funcionario recordó que se les enfrentó primero un grupo compuesto por unas cincuenta personas, y luego se sumó otro de unas cien. Los dos, representados por la letrada Patricia Solanas, explicaron que acometieron a los agentes con adoquines y patatas con clavos. También explicó que vio llegar tambaleándose al policía que resultó con lesiones graves, pero que no presenció la agresión.

En esta causa se ha personado como acusación popular la Confederación Española de Policía (CEP), a quien el juez de Instrucción número 7, Rafael Lasala, ha exigido una fianza de 3.000 euros, que ha sido recurrida por el letrado José Antonio Visús Apellániz, de Ilex Abogados.

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