Tejerina cede ante los regantes y recurrirá la ley de Aguas si Aragón no la cambia

DGA y Gobierno central tienen hasta octubre para alcanzar un pacto. La ministra pide que se "adapte" a la Constitución. Bermúdez de Castro contesta que se negociará en la Bilateral.

La ministra de Agricultura y Medio Ambiente,Isabel García Tejerina, anunció ayer que el Gobierno central llevará al Tribunal Constitucional la ley de Aguas si Aragón no la cambia "voluntariamente". El anuncio de la ministra llega tras la exigencia de los regantes y de la Comunidad valenciana al Gobierno central para que frene la norma aragonesa. Precisamente, García Tejerina hizo el anuncio en un acto al que le había invitado el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo. García Tejerina justificó su cesión en contra de la ley de Aragón en que –además de los regantes, muchos de ellos levantinos– lo habían solicitado otras autonomías.


Según se conoció ayer, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas –el competente para promover el recurso de las leyes autonómicas– envió hace dos semanas al Gobierno de Aragón el preceptivo escrito para pedir el cambio de la ley de Aguas.El asunto que más cuestionan es la regulación que se hace de la reserva hídrica que el Estatuto de Aragón –una norma de rango constitucional aprobada por el Congreso de los Diputados, entre otros con el voto del PP y elPSOE– asigna a la Comunidad. En total, la reserva establece el derecho de los aragoneses a tener asignados 6.550 hectómetros cúbicos del Ebro.


Las reticencias se centrarían en la regulación que hace la ley autonómica del derecho de la Comunidad a gestionar ese agua de la reserva hídrica. Para evitar precisamente cualquier malentendido, el Parlamento autonómico había introducido como coletilla que la gestión propia quedaba limitada al "ejercicio de las competencias exclusivas o mediante delegación, encomienda o convenio" con el Gobierno central.


La norma además establece la creación de un registro en el que se detalle qué derechos de agua se incluyen en esa reserva y otras cuestiones que desarrollan el artículo clave del Estatuto.

"Que hable con sus compañeros"

El consejero de Presidencia y portavoz de la DGA, Roberto Bermúdez de Castro, señaló ayer tras el posicionamiento de García Tejerina que los dos Gobiernos ya están "hablando" dentro de la Comisión Bilateral. Además, recordó que legalmente hay un plazo de seis meses "para llegar a un acuerdo". Bermúdez de Castro dejó claro que cualquier cambio en la norma no llegará por la imposición de nadie sino que será como consecuencia de la "cesión" de ambas partes.


El portavoz de la DGA pidió además a la ministra de Medio Ambiente "que hable con sus compañeros" del Gobierno central que están en la comisiónBilateral Aragón-Estado. Entre otros, son titulares la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.


El tiempo parece que corre a favor de la norma aragonesa. Ambos ejecutivos tienen hasta octubre para negociar una salida consensuada.Todo indica que se conseguirá, como ya ha sucedido con otras leyes aragonesas. Una vez que acabe el plazo, debe ser el Consejo de Ministros el que apruebe el recurso contra la ley aprobada por las Cortes de Aragón. Sería en pleno periodo electoral.

La reserva hídrica ya fue aceptada


Tanto los regantes como algunas comunidades –especialmente las que piden de forma recurrente el trasvase– han maniobrado de forma recurrente contra la reserva hídrica de Aragón y la exigencia de que el Gobierno central deba consultar con la Comunidad antes de promover cualquier trasvase. Estos derechos de Aragón se establecieron tras una larga negociación entre PP y PSOE en 2006 y 2007.Una de los negociadores clave para aprobarla fue la entonces portavoz del PP en el Congreso,Soraya Sáenz de Santamaría.


La ley de Aguas forma parte del acuerdo de gobernabilidad PP-PAR firmado tras las elecciones de 2011. El texto de la ley, promovido por el PAR, fue suavizado notablemente en las Cortes, precisamente para garantizar su constitucionalidad. De hecho, la proposición recibió casi 200 enmiendas, de las que más del 80% se tansaccionaron, lo que da idea de las concesiones del PAR durante la negociación con el objetivo "de lograr el máximo consenso posible".