Tejerina cede ante los regantes y recurrirá la ley de Aguas si Aragón no la cambia
DGA y Gobierno central tienen hasta octubre para alcanzar un pacto. La ministra pide que se "adapte" a la Constitución. Bermúdez de Castro contesta que se negociará en la Bilateral.
Según se conoció ayer, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el competente para promover el recurso de las leyes autonómicas envió hace dos semanas al Gobierno de Aragón el preceptivo escrito para pedir el cambio de la ley de Aguas.El asunto que más cuestionan es la regulación que se hace de la reserva hídrica que el Estatuto de Aragón una norma de rango constitucional aprobada por el Congreso de los Diputados, entre otros con el voto del PP y elPSOE asigna a la Comunidad. En total, la reserva establece el derecho de los aragoneses a tener asignados 6.550 hectómetros cúbicos del Ebro.
Las reticencias se centrarían en la regulación que hace la ley autonómica del derecho de la Comunidad a gestionar ese agua de la reserva hídrica. Para evitar precisamente cualquier malentendido, el Parlamento autonómico había introducido como coletilla que la gestión propia quedaba limitada al "ejercicio de las competencias exclusivas o mediante delegación, encomienda o convenio" con el Gobierno central.
La norma además establece la creación de un registro en el que se detalle qué derechos de agua se incluyen en esa reserva y otras cuestiones que desarrollan el artículo clave del Estatuto.
El portavoz de la DGA pidió además a la ministra de Medio Ambiente "que hable con sus compañeros" del Gobierno central que están en la comisiónBilateral Aragón-Estado. Entre otros, son titulares la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El tiempo parece que corre a favor de la norma aragonesa. Ambos ejecutivos tienen hasta octubre para negociar una salida consensuada.Todo indica que se conseguirá, como ya ha sucedido con otras leyes aragonesas. Una vez que acabe el plazo, debe ser el Consejo de Ministros el que apruebe el recurso contra la ley aprobada por las Cortes de Aragón. Sería en pleno periodo electoral.
Tanto los regantes como algunas comunidades especialmente las que piden de forma recurrente el trasvase han maniobrado de forma recurrente contra la reserva hídrica de Aragón y la exigencia de que el Gobierno central deba consultar con la Comunidad antes de promover cualquier trasvase. Estos derechos de Aragón se establecieron tras una larga negociación entre PP y PSOE en 2006 y 2007.Una de los negociadores clave para aprobarla fue la entonces portavoz del PP en el Congreso,Soraya Sáenz de Santamaría.
La ley de Aguas forma parte del acuerdo de gobernabilidad PP-PAR firmado tras las elecciones de 2011. El texto de la ley, promovido por el PAR, fue suavizado notablemente en las Cortes, precisamente para garantizar su constitucionalidad. De hecho, la proposición recibió casi 200 enmiendas, de las que más del 80% se tansaccionaron, lo que da idea de las concesiones del PAR durante la negociación con el objetivo "de lograr el máximo consenso posible".