La Justicia ha declarado nulas de pleno derecho las tres operaciones de venta de los bienes del patrimonio histórico-artístico del Monasterio de Sijena a Cataluña entre los años 1983 y 1994.

Hay que remontarse a finales de los 60, cuando la orden de San Juan de Jerusalén que ocupaba el cenobio se trasladó a Valldoreix (Barcelona), y parte de los bienes y el mobiliario que formaba parte del monasterio se trasladaron a dependencias de la diócesis de Lérida. Las monjas vendieron gran parte de estos bienes a la Generalitat en tres momentos distintos, en 1983, 1992 y 1994. Indivisibilidad del conjunto

“Nosotros defendemos que esas ventas son nulas de pleno derechoporque el monasterio es Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional desde 1923. El monasterio y todo lo que tiene dentro está afectado por esa declaración, por lo que las ventas rompen la indivisibilidad del conjunto”, explicaba hace unos meses a Heraldo.es el alcalde de Villanueva de Sijena, Alfonso Salillas. “No se puede fragmentar un conjunto para venderlo por piezas”, subrayaba.

Pero además, “las monjas sanjuanistas solo dieron cuenta al Vaticano de esas ventas, pero no tuvieron en cuenta al Ministerio de Cultura en la venta del año 1983, ni al Gobierno de Aragón en 1992 y 1994, cuando ya se tenían las competencias, por lo que no se pudieron ejercer los derechos de tanteo y retracto”, sostenía Salillas.

“Las monjas se fueron de Sijena en diciembre de 1969, y el obispo de la diócesis de Lérida mandó llevarse todo en enero de 1970. Hasta 1975 no volvieron las monjas sanjuanistas, y solo permanecieron allí tres años entonces”, explicaba el alcalde.

El conflicto por estas obras se remonta años atrás, cuando en 1998 el Gobierno de Aragón planteó un conflicto de competencias para dirimir si las obras de arte del monasterio de Sijena compradas por Cataluña debían regresar a Aragón, cuyo gobierno inició los trámites para ejercer el derecho de retracto (adquisición preferente). En enero de 2012 el Tribunal Constitucional falló a favor de la Generalitat al dictaminar que prevalecía la competencia sobre patrimonio histórico de Cataluña, y entendía “constitucionalmente congruente” que siguiesen allí.

Tras esta sentencia, que salió adelante por un estrecho margen de votación, las instituciones aragonesas iniciaron una nueva vía judicial para tratar de recuperar estos bienes.