La disolución de las Cortes pone en riesgo el sueldo de sus señorías

Disolver o no disolver las Cortes. Esa es la cuestión. El Gobierno de Aragón se plantea por primera vez la disolución anticipada del Parlamento autonómico de cara a las elecciones del próximo 24 de mayo. Y ya cuenta con un informe del Consejo Consultivo, que avala su intención y le insta a ‘cerrar’ la Cámara, desde la convocatoria de los comicios, el 31 de marzo, y hasta finales de junio, cuando los nuevos diputados tomen posesión de sus escaños.

Hasta ahora, el Parlamento seguía activo, si bien se levantaba el periodo de sesiones desde finales de marzo y hasta la constitución de la nueva Cámara, tres meses después. Y aunque no suele ser habitual, mientras tanto sí podían seguir celebrándose plenos extraordinarios y comisiones si era necesario. De optar por la disolución, solo podrá reunirse la Diputación Permanente, formada únicamente por 18 de los 67 diputados, lo que limitará el control de la oposición sobre el Ejecutivo autonómico.

Pero ¿a qué se debe el cambio? ¿Por qué el Gobierno de Rudi quiere disolver? Lo primero, porque puede. Fue el Estatuto de Autonomía de 2007 quien otorgó al Ejecutivo autonómico la capacidad de disolver de forma anticipada las Cortes. En las elecciones de 2011, las primeras en que pudo utilizarse la prerrogativa, la DGA, presidida entonces por el socialista Marcelino Iglesias, no lo hizo y recurrió a una especie de subterfugio legal para evitar la disolución. Y es que al no haberse adaptado la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que regula la convocatoria de elecciones, a los Estatutos de segunda generación, como el aragonés, la normativa se presta a interpretaciones y genera dudas. Todo obedece a la "descoordinación entre el Estatuto, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y la ley aragonesa", advierten los juristas.

En vez de obrar igual que su predecesor, Rudi ha elevado una consulta al órgano asesor. Aragón podría optar por disolver o no, en función de los artículos 42.1 y 42.2 de la LOREG, pero si no lo hace, según advierte el Consejo Consultivo, los comicios autonómicos no coincidirían con los municipales y tendrían que producirse a finales de junio con el consiguiente doble gasto y molestias para los electores. Un supuesto que el equipo de Rudi no contempla.

Así las cosas, la única salida parece la disolución. La principal consecuencia será política, al reducir la labor de control de la oposición, como ya advierten algunos, pero también tendrá repercusiones en el funcionamiento de la Cámara. ¿Podrán seguir cobrando sus señorías si el Parlamento está disuelto? La normativa de régimen económico de las Cortes, así como el Estatuto del empleado público, prevén que se paguen los 20 o 22 días "graciables", entre las elecciones y la constitución de las nuevas Cortes. Se entiende que ese tiempo sirve a quienes no han revalidado su puesto para solicitar el reingreso a sus actividades anteriores, resolver excedencias... Pero ya hay quien advierte de que, de disolver efectivamente la Cámara de forma anticipada, será mucho más difícil de justificar políticamente que se siga pagando tres meses a los diputados.

En 2011, Baleares y Comunidad Valenciana, que se encontraban en la misma situación que Aragón al contar con Estatutos de nuevo cuño, sí decidieron disolver sus respectivas cámaras legislativas. Y los diputados del Levante siguieron cobrando sin mayores problemas. 

Rudi firmará el decreto de convocatoria de las elecciones el próximo día 30. ¿Cerrará las Cortes?