El juez que instruye el caso Plaza, José Ignacio Martínez, mantiene la imputación al exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco tras tomarle ayer declaración. El interrogatorio pretendía aclarar si adjudicó o no contratos a dedo, de lo que le acusa el propio exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza, Ricardo García Becerril, en un ‘email’ que bautizó con el epígrafe ‘Miserias’ y que la Policía halló en su ordenador. Sin embargo, el político y ahora encausado en esta presunta red corrupta negó la mayor: ni tenía ningún tipo de influencia en Plaza ni la usó para favorecer los intereses de nadie. Eso fue al menos de lo que trató de convencer al magistrado, ante el que compareció durante casi tres horas y al que anunció que aportará las actas del consejo que prueban que todo se hizo bajo el paraguas de la legalidad.

Esco contó al instructor que solo encuentra una explicación a las graves irregularidades que Becerril le atribuye: la mala relación personal, que no profesional, entre ambos. Sin embargo, cuando le preguntaron por qué no propuso la sustitución del gerente ante tal desencuentro, el exviceconsejero explicó que por encima estaban los intereses de la plataforma logística y que la gestión era buena.

Las presuntas irregularidades cometidas en Plaza le han costado ya a Carlos Esco cinco imputaciones. Dos han sido sobreseídas provisionalmente (casos Caladero y Apartadero) y otro par se encuentran en fase de instrucción desde hace meses (el caso Naves y su pieza separada). Sin embargo, Esco afronta desde ayer un quinto frente penal, en el que la Fiscalía Anticorrupción le atribuye la comisión de hasta cuatro delitos: malversación y prevaricación continuadas, cohecho y maquinación para alterar el precio de las cosas. Y lo hace, principalmente, en base a los ‘emails’ que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía encontró en los ordenadores tanto de Becerril como del exdirector técnico de Plaza y también imputado, Miguel Ángel Pérez Cervantes.

Los agentes analizaron esta correspondencia electrónica,

cruzaron los mensajes de unos y otros y plasmaron sus conclusiones en un par de informes que fueron remitidos al juez a finales del año pasado. Uno de ellos se centraba exclusivamente en el ya mencionado archivo ‘Miserias’ y tenía por objetivo aclarar si las irregularidades que Becerril atribuía a Esco tenían algún fundamento. La UDEF solicitó documentación a la DGA y comprobó que algunos de los contratos y trabajos mencionados en ese correo eran reales, pero no halló suficiente base probatoria para imputar ningún delito.

Pero las conclusiones de la Policía no impidieron a la Fiscalía Anticorrupción solicitar la imputación del exviceconsejero de Obras Públicas, así como del empresario Miguel Ángel Floría (que también declaró ayer) y del técnico de Acciona Alejandro Viñuales (que comparecerá hoy). Según los fiscales José Grinda y Juan José Rosa –que este martes se desplazaron a la capital aragonesa para asistir a los interrogatorios–, la mediación e influencia de Esco permitió que a Floría se le encargaran varios trabajos: un vídeo sobre el Parque del Canal por el que Plaza pagó 55.772 euros y el revestimiento con paneles de Alucubond de tres edificios, que costó 344.405 euros.

Aunque Grinda preguntó a Esco si le unía alguna relación personal con Floría, la respuesta del político fue siempre la misma: no. Dijo que coincidió con él en una única ocasión y que fue cuando el empresario le propuso hacer el vídeo del Parque del Canal.

Floría hizo obras en casa de Esco

Aunque ni Esco ni Floría lo contaron, el primero encargó unas obras al segundo en su casa de Nueno (Huesca). En concreto, la instalación de una pérgola y el avance de una barbacoa, trabajos por los que, según ha podido comprobar este periódico, el exviceconsejero abonó mediante transferencia bancaria 28.000 euros (lo hizo el 29 de noviembre de 2011). Sobre estos trabajos le preguntó el fiscal a un empleado del Grupo Floría que declaró ayer como testigo y los confirmó. Sin embargo, nada preguntó Grinda a los dos imputados por esta cuestión.

Cuando García Becerril envió el ‘email’ denominado ‘Miserias’ a José Luis Marqués –consejero de Plaza que ha sido citado hoy como testigo–, le adjuntó el documento ‘Caso Sanedi’. En este escrito, contaba como, supuestamente, Esco maquinó una operación en 2003 que llevó a Plaza a pagar 754 millones de pesetas a la sociedad Sanedi "por unos terrenos absolutamente inútiles". Las pesquisas de la UDEF demostraron que, efectivamente, en octubre de 2004, la sociedad pública adquirió una parcela de 61 hectáreas por 4,5 millones de euros. A los agentes les llamó la atención que se pagara una cantidad tan elevada por un suelo que por estar junto a un polvorín no podía urbanizarse.

La Policía no pudo deducir ningún tipo de responsabilidad en esta operación, pero Grinda preguntó ayer por ella a Esco, quien le explicó que el destino de estos suelos estaba definido por un proyecto supramunicipal. La Fiscalía Anticorrupción también quería saber por qué la escritura la firmó Javier Velasco, y el imputado le recordó que no podía ser de otra manera, puesto que este era el consejero de Obras Públicas de la DGA. Aunque en principio se citó a Esco por el contenido de un ‘email’, este acabó respondiendo a todas las preguntas que le hicieron sobre Plaza, tanto de la primera como de la segunda fase de urbanización.