Ley de Subvenciones fija sanciones y el reintegro en caso de incumplimientos

Aprobada este miércoles por el Pleno de las Cortes, introduce cambios en el régimen jurídico.

Ley de Subvenciones fija sanciones y el reintegro en caso de incumplimientos
Ley de Subvenciones fija sanciones y el reintegro en caso de incumplimientos

La Ley de Subvenciones de Aragón, aprobada por el Pleno de las Cortes, introduce como novedad respecto a la legislación estatal el reintegro de las cantidades percibidas por lo beneficiarios en el caso de que estos hayan falseado las condiciones o no hayan cumplido con sus obligaciones.


La nueva Ley de Subvenciones regula el régimen jurídico de las que se conceden en Aragón, en el marco de la normativa básica estatal, a personas públicas o privadas.


El consejero de Hacienda, Javier Campoy, ha explicado el contenido de la misma y ha asegurado que las subvenciones son una "pieza clave" del apoyo público al sector privado y que, si están bien diseñadas, con las "palancas" que generan beneficios a la sociedad.


Es obligación de las administraciones públicas, ha añadido, compensar a determinados sectores productivos y que producen efectos positivos en la sociedad, así como apoyar las inversiones que se encuentran con "escenarios difusos".


Estas subvenciones, según Campoy, deben contar con un marco "sólido" y "eficaz" para evitar las ayudas "carentes de sentido" o "mal diseñadas".

El consejero ha reconocido que la norma autonómica se basa en la ley estatal, pero adaptada a las características de la comunidad, lo que ha provocado las criticas de la socialista Ana Fernández, quien ha recordado que los servicios jurídicos de la Cámara han advertido de que la ley puede incurrir en "posible inconstitucionalidad" por reproducir la normativa estatal, de la que es "una copia", ha dicho la diputada.


Respecto al régimen sancionador, el consejero ha explicado que se prevé por primera vez la pérdida de las subvenciones o la prohibición de contratar con la administración pública para las entidades incumplidoras, así como el reintegro de las cantidades percibidas.


Fernández, aunque ha considerado la norma "positiva", ha insistido en que no introduce apenas.


Entre las modificaciones al proyecto de ley que propuso el PSOE en la ponencia, ha explicado que se pretendía garantizar que las convocatorias de subvenciones se hicieran en el primer trimestre del año y dar mayor publicidad a los procesos de concurrencia competitiva y más transparencia, publicando en internet y no solo en el BOA las motivaciones que rigen la concesión de ayudas directas.


El PSOE también pedía establecer plazos de abono de las cantidades por parte de la administración y salvaguardar los derechos que amparan a los beneficiarios cuando este plazo se incumpla.


Esta petición también la ha formulado Adolfo Barrena, de IU, quien ha exigido "responsabilidad" a las administraciones si no cumplen los plazos de desembolso, por los evidentes perjuicios que eso causa en los beneficiarios.


Para Barrena, también deberían haberse eliminado las trabas burocráticas.

Por su parte, el portavoz de CHA, José Luis Soro, ha estimado que debería haberse dado más contenido al portal de las subvenciones y que las que se conceden de forma directa sean más transparentes para evitar "clientelismo", así como que sólo se puedan otorgar a entidades que figuren, nominativamente, en los presupuestos anuales de Aragón.


El popular Jorge Garasa ha explicado que el texto es "integrador", profundiza en la transparencia, cumple con el programa electoral del PP, refuerza el control y abunda en la comprobación del buen uso de las cantidades entregadas.