IU insta al Gobierno de Aragón a elaborar un Plan Especial de Saneamiento, Tutela, Control y Seguimiento de las empresas públicas que todos los años producen las principales pérdidas económicas de la Corporación Empresarial Pública.

Entre ellas, destaca la Plataforma Logística de Zaragoza Plaza, Zaragoza Alta Velocidad, Expo Zaragoza Empresarial, Suelo y Vivienda de Aragón, Ciudad del Motor, y Plhus Plataforma Logística, según ha indicado IU en un comunicado.

Este grupo parlamentario hace esta reivindicación mediante las propuestas de resolución que ha presentado al informe de fiscalización sobre el sector público empresarial de Aragón correspondiente a los ejercicios de 2012 y 2013 que se debatirán y votarán este lunes en la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón.

En ellas también reclama al Gobierno de Aragón que elabore un nuevo Plan de Reestructuración y Viabilidad de la Corporación Empresarial Pública que minore la dependencia de la deuda que arrastra, que reduzca las pérdidas anuales y que se centre en el objetivo de contribuir a la vertebración del territorio, dinamice la economía y cree empleo.

Para el diputado Luis Ángel Romero, quien defenderá las propuestas de resolución, es necesario un mayor control de los recursos económicos de los que se nutren estas empresas públicas para mantener su actividad ante las perdidas constantes año a año, porque ya no sólo se financian las inversiones de estas sociedades, sino también "las ampliaciones de capital de los accionistas para cubrir los gastos de explotación y las deudas acumuladas".

En cuanto al informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza correspondiente al ejercicio económico de 2011, que también se debate y vota en esta Comisión, IU ha presentado propuestas de resolución en las que insta a la Cámara de Cuentas y al consistorio a ser rigurosos en la tramitación del informe hasta que sea definitivo y vigilando exhaustivamente el proceso para que no vuelvan a ocurrir filtraciones.

IU reclama que se adopten todas las medidas que sean necesarias con el fin de que no vuelva a repetirse filtraciones, entre ellas para la Cámara de Cuentas, la elaboración de un protocolo de comunicación con las Administraciones públicas y entidades receptoras de sus informes, de forma que se asegure el sigilo, la confidencialidad y el rigor en la tramitación de los informes.