El PP afronta las elecciones municipales con una estrategia clara: desmarcarse de la corrupción. Este sábado, Mariano Rajoy presentará en Valencia las 70 medidas del programa marco con que concurrirán los candidatos del partido a los comicios, entre las que destaca la promesa de controlar las actuaciones de sus representantes.

Tal y como se adelanta en el documento, el grupo revisará el patrimonio de los alcaldes y concejales, al comienzo y al final de su mandato, "para verificar posibles situaciones de enriquecimiento injustificado".

Además, en ese afán de "evitar

comportamientos que avergüenzan a todos", se garantiza "agilizar los procesos judiciales en reconocidos casos de corrupción".

Para muchos, esta maniobra llega demasiado tarde, dados los múltiples escándalos destapados en los últimos años en el país.

"Las medidas adoptadas son pura demagogia y se dan a conocer en un momento en el que, desgraciadamente, la sociedad ya no confía en los valores del partido", señala Miguel Bernad, secretario general del Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias.

Para él, "querer demostrar un elevado control de los altos cargos es pura fachada y no tiene ningún sentido, ya que después sucede justo lo contrario".

Fuentes del PP en Aragón explican que "como en el resto de España, los candidatos de cada ciudad y municipio aragonés podrán añadir sus propuestas y proyectos de ámbito local al programa marco al que deberán ajustarse".

Además, ensalzan que "en la Comunidad no existe ningún caso de alcalde o concejal que haya sido asociado a casos de corrupción".

Por su parte, el vicesecretario general del partido, Carlos Floriano, que el pasado martes presidió una reunión de los responsables de campaña, asegura que "el PP es la formación política más transparente que hay en España porque no tiene nada que ocultar".

Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo

Con su programa marco municipal, el PP pretende que las entidades locales "en el límite de sus competencias, asuman los principios de la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo en cuanto a honorabilidad y transparencia", cuando esta normativa, aprobada en el Congreso en 2014, es aplicable actualmente tan solo en la Administración General del Estado.

Así, ayuntamientos, diputaciones u otras instituciones de ámbito local deberían ajustarse a las normas de transparencia. "Ya no basta con que la eficacia y la eficiencia sean nuestras señas de identidad. La transparencia, la cercanía a los ciudadanos, la ejemplaridad, la rendición de cuentas y la exigencia de responsabilidad deben ser incorporadas al ADN de nuestro sistema institucional", reza uno de los artículos del programa marco.

Ley de Transparencia

El próximo miércoles, 25 de marzo, tendrá lugar un pleno extraordinario en las Cortes de Aragón que se dedicará íntegramente a la aprobación de leyes, entre ellas la de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, íntimamente relacionada con la correcta actuación de los gobernantes.

Entre otras cosas, esta norma obliga a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permite a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos.

Además, establece la obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y fiscalización, así como otros datos sobre los contratos.

Este será el penúltimo pleno antes de la convocatoria de las elecciones municipales y autonómicas, el próximo 24 de mayo.

Reforma del reglamento de las Cortes

Por otro lado, la reforma del reglamento de las Cortes, con medidas de transparencia, queda aparcada para la próxima legislatura.

Las diferencias entre los grupos que sustentan al Gobierno, PP-PAR, bloquearon la reforma del reglamento de la Cámara autonómica, que pretendía hacerla más transparente y cercana, anulando la prometida ley de ordenación de competencias, cuyo objetivo era evitar duplicidades y reorganizar la estructura administrativa en la Comunidad.

Así, finalmente, los diputados no tendrán que publicar su patrimonio y declaración de bienes en la página web de las Cortes.

La oposición del presidente de la Cámara y ponente del PAR en el grupo de trabajo, José Ángel Biel, impidió reformar el reglamento del Parlamento. Por más que el resto de partidos, incluido el PP, cuyo portavoz coordinaba la ponencia, insistieron en retomar los trabajos bloqueados desde hace casi dos años.