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Aragón

La fotovoltaica se paraliza en Aragón con pérdidas del 30% para más de 2.000 inversores

El año pasado fue el primero en el que no se amplió la capacidad de esta energía en Aragón. En toda España, solo se instalaron 7 megavatios nuevos.

Un momento de la visita a la nueva instalación.
La fotovoltaica se paraliza en Aragón con pérdidas del 30% para más de 2.000 inversores
PATRICIA PUÉRTOLAS

El parón de la energía fotovoltaica en Aragón durante 2014 ya es constatable. El año pasado fue el primero desde 2004 en el que la instalación de renovables no avanzó en la Comunidad en sus dos patas más potentes hasta la fecha, la eólica y la fotovoltaica, impulsada esta última por miles de pequeños inversores en toda España que cada vez están más “crispados” con el cambio de rumbo energético que ha tomado el actual Gobierno, que suprimió el sistema de primas que había impulsado el crecimiento de esta tecnología por todo el territorio para combatir el temido déficit de tarifa.

Los datos de este año de 'barbecho' renovable no son únicos de Aragón. En España el crecimiento se redujo a tan solo 7 megavatios más, cuando por ejemplo, un año antes había superado los 130 mientras que en otros países europeos, como Alemania o Gran Bretaña, había sido hasta 10 veces superior.

Y todo ello en un marco que no ayuda a calmar los ánimos en el sector. A raíz de los más de 400 recursos elevados al Tribunal Supremo contra el nuevo marco energético, a finales de la semana pasada se conocía que Industria aprobó el Decreto que puso fin a las primas sin haber recibido los informes externos en los que avaló su decisión. Un panorama que ha hecho que las principales asociaciones del mundo fotovoltaico estén preparando protestas para las próximas semanas.

“Hemos pedido a los grupos políticos que soliciten explicaciones al Ministerio y seguramente volvamos a abrir nuevas vías judiciales”, explica Jorge Edo, delegado de Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) en Aragón, organización que estima que el nuevo sistema retributivo ha derivado en recortes de hasta el 30% de los retornos que Estado acordó con los inversores durante los años del 'boom' renovable.

En Aragón hay en la actualidad, según los últimos datos por Red Eléctrica Española, 1.815 instalaciones de placas solares que albergan una potencia de 167 megavatios. Las misma potencia que había en 2013, cuando el cambio de las primas por un modelo de “rentabilidad razonable” -en palabras del Gobierno- redujo de un 15 a un 40% la rentabilidad que estaban obteniendo los inversores que apostaron por invertir en nuevos 'huertos solares' entre 2007 y 2010.

Y es que, según explican desde el sector, el problema más grave no se ha trasladado tanto a las empresas dedicadas a las placas solares, sino a miles de pequeños inversores que pidieron créditos para poder unirse a la ola fotovoltaica, vendida incluso mediante una campaña gubernamental hace una década -'El Sol puede ser tuyo'- como un producto de inversión con un rédito garantizado a corto y medio plazo, apoyado, eso sí, en las primas.

“Las empresas fotovoltaicas en Aragón se están dedicando ahora solo a cubrir reparaciones. La inversión está parada. Esto al menos permite seguir sobreviviendo a las más pequeñas y las grandes están buscando nuevas instalaciones en el extranjero”, explica Francisco Campo Buetas, asesor técnico de la Unión Española Fotovoltaica y la consultora Biceo y antiguo profesor del Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza, que no obstante señala que el mayor problema está repercutiendo en los inversores a los que “se les vendió una rentabilidad que ahora ha variado, y que entraron pensando que se les aseguraba una especie de fondo de pensiones, haciendo esa inversión pidiendo créditos para poder acometerla”.Las primas, el motor de la expansión

En total, las dos mayores asociaciones que aglutinan al sector en España (UNEF y Anpier) estiman que entre 2007 y 2011 60.000 inversores depositaron su dinero en función de una rentabilidad establecida por el anterior marco de primas, que ya fue recortado por el Gobierno socialista y ahora suprimido por el actual. De ellos, unos 2.100 eran inversores aragoneses que impulsaron que las plantas fotovoltaicas de la comunidad pasaran de ser apenas 10 en 2005 a 1.100 en 2008. En esta expansión, además de empresas importantes y pymes o cooperativas, también participaron numerosas familias. No en vano, hasta la mitad del registro de inversores está copado por personas físicas.

Un ejemplo de cómo se impulsó la energía fotovoltaica en Aragón es el Parque Solar Ejea. A comienzos de 2009 el Consejero de Industria Arturo Aliaga participaba en su inauguración junto con el entonces alcalde de la localidad Javier Lambán. La planta, con unos 2,7 megavatios de potencia instalada y construida sobre un terreno de 30 hectáreas había sido implantada gracias al aporte de un total de 90 socios, unos 27 de ellos eran sociedades; el resto, familias, agricultores e inversores particulares de la zona. Ahora, cinco años más tarde, su facturación ha bajado en torno a un 25% y los plazos para rentabilizar la planta se han elevado “considerablemente”.

“Primero el Gobierno anterior nos recortó las horas que teníamos firmadas de producción y ahora, desde la reforma, las primas han pasado de ir en función de la producción a una serie de variables de las que nosotros aún salimos bien parados por ser una planta importante”, explica Jorge Benavente, representante de los socios que se agrupan en la central de Ejea. “De momento hemos tenido suerte porque no hemos tenido que refinanciar la planta, que hay otras que lo han tenido que hacer, pero todos los socios hemos notado que las retribuciones esperadas para esta fecha son muy inferiores al plan que marcó el Gobierno en el año 2008”, señala.

Si bien algunas partes implicadas entienden la necesidad de atajar el déficit de tarifa (la deuda que se reconoce a las eléctricas por la diferencia acumulada entre los ingresos y los costes del sistema), el sector entiende que el precio que se le ha hecho pagar a las renovables es “excesivo”. “Las renovables y el sistema de primas tienen su parte de importancia en el déficit, pero no más que otros sectores, y la falta de seguridad jurídica es el mayor mal que puede tener un modelo energético, que es justo lo que está pasando en España”, explica Buetas, quien cree que se podían haber explorados medidas menos agresivas que dejaran seguir progresando a las energías renovables, las cuales son rentables, una vez amortizadas, “per se”.El autoconsumo, la última frontera

Pero las plantas conectadas a la red no es el único ámbito que se ha visto mermado por el 'volantazo' en la política energética española. El autoconsumo -la posibilidad de generar parte de la energía consumida con placas o minicentrales- sigue aún pendiente de un nuevo Decreto que lo regule, y que según el borrador tendrá un 'peaje de respaldo' que gravará esta forma de abastecerse.

El Decreto nunca ha pasado de borrador, pero esto ha bastado para reducir al mínimo el interés por este tipo modelo, que se estaba implantando en comunidades de vecinos, empresas y también para uso doméstico. “Hubo una campaña, se dijo que iba a gravarse hasta con un 27% más y aquello fue suficiente para detenerlo”, explica Ana Marco, colaboradora de la fundación Ecodes y presidente de la cooperativa Som Energía.

En la actualidad, para funcionar con instalaciones de autoconsumo conforme a la norma se debe estar registrado como productor de energía, al igual que cualquier empresa eléctrica, y para ello darse de alta y hacer declaraciones trimestrales. Un modelo que no provoca problemas en comunidades de vecinos y empresas, pero que se vuelve demasiado engorroso para particulares que quieran instalarse un pequeño dispositivo fotovoltaico en su casa.

Los defensores del consumo propio de energía esperaban una regulación del sector que se asemejara a la de otros países con el conocido sistema de balance neto. Este se basa en que las plantas de generación limpias pueden trasvasar a la red su excedente de energía generando un derecho de compensación para los periodos en los que la planta no produzca. Es decir, que el excedente que se aporta a la red se descuente de la factura. Pero el borrador del Decreto no recoge este sistema, sino el cobro de una tasa que ha sido recurrida por el Defensor del Pueblo en su último informe.

“Es algo que está instaurando en Alemania y otros estados desde hace años. Y además se incentiva, porque se trata de buscar entre todos la eficiencia energética y estas instalaciones, pese a ser pequeñas, evitan una parte del consumo de la red obteniendo energía. Sin embargo, por aquí parece que no queremos seguir ese camino”, asevera Marco.

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