La polémica Ley de Coordinación de las Policías Locales de Aragón, aprobada en agosto de 2013 tras una larga y costosa tramitación parlamentaria, podría acabar siendo revisada por el Tribunal Constitucional (TC). Eso es al menos lo que acaba de plantear el titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Zaragoza, Javier Albar, tras advertir un posible "vicio de inconstitucionalidad" en varios apartados del texto. Y lo ha hecho al resolver el recurso presentado por un auxiliar de la Policía Local de Ateca que dice considerarse perjudicado por la nueva norma, dado que esta podría condicionar su promoción interna.

El asunto ha llegado a manos del juez Albar porque el citado auxiliar recurrió una resolución de la alcaldía de Ateca en la que se le encuadraba dentro de un puesto a "a extinguir". No conforme con la decisión, su abogado, Clemente Sánchez-Garnica, decidió impugnarla por la vía contencioso administrativa con el respaldo del sindicato Confederación de Seguridad Local (CSL). Lo que el letrado impugnaba no era la resolución de alcaldía en sí misma, sino el articulado de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón en el que se apoyaba. Ya que, según este, dicha norma podría exceder su ámbito competencial y resultar inconstitucional.

Ante tal planteamiento, el juez Albar pidió a las partes que se pronunciaran sobre la idoneidad de suspender provisionalmente la tramitación del recurso para proponer una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC. Propuesta a la que se adhirió la Fiscalía y a la que no se opuso el Ayuntamiento de Ateca. De ahí que, finalmente, tras analizar con detalle el caso, el magistrado haya optado por consultar al Alto Tribunal. Por lo tanto, hasta que este no se pronuncie, Albar no podrá retomar el recurso del auxiliar y dictar sentencia.

Pero la decisión del titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Zaragoza no significa que el Constitucional vaya a revisar de arriba a abajo la Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón.De hecho, en su auto, de fecha 9 de marzo, el juez concreta que el posible "vicio de inconstitucionalidad" afectaría única y exclusivamente al apartado que aborda la equiparación e integración de los auxiliares de policía en los respectivos cuerpos. El magistrado también propone al TC que se pronuncie sobre algunas cuestiones relacionadas con las categorías, así como sobre los artículos de la norma que no prevén el acceso a la condición de policía por promoción interna o movilidad desde un puesto de auxiliar.

La primera duda que asalta al juez tiene su origen en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (1986), en la que se dice que "los municipios podrán crear cuerpos de policía propios, de acuerdo con lo previsto en la presente ley, en la Ley de Bases de Régimen Local y en la legislación autonómica". Se pregunta Albar si este texto abarca también a los auxiliares de Policía Local o si la creación de estas plazas es competencia exclusivamente de los municipios.

Porque, en este último caso, la Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón sí que podría haber excedido sus competencias, ya que el texto determina que los auxiliares de Policía Local deberán desaparecer en un plazo de tres años. Obligación que podría invadir los límites competenciales de las administraciones locales. Según el juez, la ley autonómica también podría violar este terreno al obligar indirectamente a los ayuntamientos a crear cuerpos de Policía Local para dar cabida a sus auxiliares.

Respecto a las categorías y la promoción interna de los auxiliares, cuestión que también es objeto del recurso del funcionario de Ateca, el juez Albar llega a la conclusión de que la Ley de Coordinación de Policía Locales de Aragón "cercena" ciertas posibilidades, por lo que podría violar también una norma básica.