La escuela pública denuncia un recorte de 118 millones en educación y la DGA lo niega

La Consejería dice que en los dos últimos años se han añadido fondos a los presupuestos iniciales, como los 54 millones de 2014

El informe también remarca que se han perdido en esta legislatura cerca de 2.000 plazas de docentes, pero el Ejecutivo solo admite 500

La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública presentó ayer un informe que asegura que, en esta legislatura, el presupuesto educativo del Gobierno de Aragón se ha reducido en 118 millones (un ajuste de casi el 12% entre 2011 y 2015). Pero el Departamento de Educación negó taxativamente estos datos y aportó también los suyos. En concreto, el Ejecutivo autonómico argumenta que, en los dos últimos ejercicios cerrados, se han suplementado los presupuestos iniciales, tanto en Educación como en Sanidad, para garantizar la calidad de los servicios públicos. Y puso como ejemplo que en 2014 se añadieron a la partida global de educación 54 millones de euros más de los previstos, pasando de 912 millones a 966.


Javier García Lisbona, presidente de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, respondió que el informe que ha elaborado su asociación recoge, efectivamente, una comparativa del presupuesto en educación de los ejercicios de 2011 y 2015 (el aprobado en las cuentas iniciales). Pero añadió que, si realmente se han producido esos suplementos, seguiría habiendo un recorte importante. "Y hay que tener en cuenta todo lo que se presupuesta y que luego la Administración no ejecuta", argumentó.


El informe de esta asociación, al menos en lo que se refiere a las cuentas iniciales aprobadas por la DGA, pone de manifiesto que la mayor parte del recorte de 118 millones se ha ido en el capítulo 1, es decir, en gastos de personal. En concreto, este ejercicio estaría previsto gastar 98 millones de euros menos en salarios de maestros, profesores y su formación que en el año 2011.


Lisbona explicó que esto se traduce en un recorte de cerca de 2.000 plazas. Pero el Gobierno de Aragón volvió a negar estas cifras y, en este caso, solo admitió la supresión de "algo más de 500". Según explicaron fuentes autonómicas, este ajuste se produjo en el año 2012 fruto del decreto de racionalización aprobado por el Ministerio de Educación y que, entre otras cosas, supuso que los profesores de Secundaria pasaran a dar 21 horas lectivas (antes de que empezara la crisis, daban 18, aunque hubo un periodo intermedio en el que dieron 20). Aragón es una de las pocas comunidades que ha elevado dichas horas lectivas hasta 21, ya que en la mayoría siguen en 20.


En esta guerra de cifras sobre el recorte de plazas, Lisbona apuntó que el meollo de la cuestión está en cómo elabora las estadísticas de la DGA. "Cuentan como un profesor a una persona que han contratado para dar cuatro o cinco horas", lamentó. El presidente de esta asociación añadió que esta pérdida de docentes ya hace tiempo que se traduce en las aulas en "menos desdobles, eliminación de optativas, y menos tiempo para atender a alumnos con necesidades educativas especiales".


Por su parte, el Gobierno de Aragón insistió en que, por ejemplo, los 54 millones extra que invirtió el Departamento en 2014 fueron, en su mayor parte, a reforzar el capítulo 1 (gasto de personal). Y remarcó que, desde los recortes de 2012 –que no niegan–, el presupuesto inicial se ha ido ampliando los siguientes años con los citados suplementos. Además, quisieron recordar que, a partir de 2013, se han celebrado oposiciones todos los veranos: 90 maestros y 10 inspectores en ese ejercicio, 210 plazas de profesor de Secundaria en 2014, y otras 176 también de ESO y FP, cuyos exámenes se celebrarán este 2015. Por su parte, Lisbona apuntó que en los tres últimos años se han reducido las plantillas orgánicas en 470 plazas fijas (las últimas 47 se anunciaron este febrero).

Drástica caída de la formación

Otros datos que llaman la atención del informe de la Plataforma son, por ejemplo, el drástico recorte que se ha producido esta legislatura en la formación del profesorado (al menos, a tenor de las cuentas aprobadas inicialmente por la DGA). Concretamente, habría caído un 44% (de 5,5 millones en 2011 a 3,1 en 2015). También destaca el ajuste en los gastos de funcionamiento de colegios e institutos, que han caído en un 57% y un 34%, respectivamente.


Por último, Lisbona incidió en que estas cuentas demuestran que la DGA "da un trato discriminatorio, en el sentido de que favorece claramente a la concertada". En este sentido, argumentó que mientras hay recortes importantes en todas las partidas, el dinero que se lleva a la educación concertada –siempre según este informe– solo habría caído un 0,06% en esta legislatura que está a punto de finalizar.